Anunció Google la semana pasada que prohibirá la publicidad de técnicas médicas “que no están comprobadas o son experimentales, como la mayoría de la terapia con células madre, la terapia celular (no madre) y la terapia génica”, así como los anuncios “que venden tratamientos que no tienen una base biomédica o científica establecida”. La iniciativa incluye “tratamientos basados en hallazgos científicos básicos y experiencia clínica preliminar, pero que actualmente no cuentan con pruebas clínicas formales suficientes para justificar el uso clínico generalizado”.
Su principal argumento es que “ha crecido el número de personas que intentan aprovecharse de otras ofreciendo tratamientos engañosos y no probados. Muchas veces estos tratamientos pueden suponer un riesgo para la salud (…)”.
Así, de entrada, hay que aplaudir la iniciativa, dada la trascendencia del problema y que el principal producto de Google, una compañía de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., es el motor de búsqueda de contenido en internet del mismo nombre, actualmente hegemónico en todo el mundo (procesa más de 1.000 millones de peticiones de búsqueda diarias).
Pero se agradecería que facilitara más detalles: cómo lo va a hacer (¿con el mismo proceso de revisión de publicidad que utiliza habitualmente?), en manos de quién o quiénes recaerá el cometido final de discriminar y rechazar la publicidad y ¿también? la propaganda digital de técnicas y terapias sin evidencia científica, e incluso peligrosas para la salud, que campa libremente por la red.
Y queda claro que eso afectará a los profesionales dedicados a la asistencia y la investigación básica y clínica, por lo que Google debería precisar con exactitud qué criterios seguirá para, combatiendo la publicidad engañosa, no impedir que anuncios sobre auténticos avances biomédicos se expandan y lleguen a todos los agentes de la cadena sanitaria, incluidos los pacientes, de todo el mundo.
Hay que recordarle a Google, además, que los sanitarios están sujetos a autocontrol profesional (código deontológico, colegiación obligatoria, comités de ética asistencial y de investigación clínica…), y que, por ello, su publicidad no debe tener el mismo trato en este asunto que la del ejército de intrusos médicos en los que mayormente recae el problema de salud pública al que quiere ponerle coto.
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