El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aceptado hoy, con los votos favorables de los grupos Socialista y Adelante Andalucía y la abstención del Popular, Ciudadanos y Vox, la toma en consideración y tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue dar estabilidad en el empleo de casi 30.000 trabajadores interinos de la Junta, a través de una oferta pública de empleo (OPE) mediante un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos. La ILP también pretende incluir aquellas plazas ya afectadas por oposiciones pendientes de resolución.
Demanda a España por conflicto colectivo a causa del abuso de la contratación temporal
Una ‘macro-OPE’ para atajar la temporalidad
Sanidad cifra en un 33% la temporalidad laboral media en las comunidades
CESM cree que el acuerdo sobre la OPE extraordinaria es insuficiente
El abuso del eventual sigue sin respuesta definitiva de la Justicia
Los daños por el abuso de la contratación eventual requerirán más concreción
Se trata de la primera ILP mediante el llamado ‘escaño 110’ (el que permite la participación de la ciudadanía) que acepta el Parlamento Andaluz. Según los promotores de la iniciativa, podría beneficiar a más de 18.000 interinos en Sanidad en Andalucía.
El concurso de méritos es una vía que han reclamado diferentes asociaciones de interinos tras el acuerdo para luchar contra la temporalidad en la Administración Pública. No obstante, también hay dudas jurídicas sobre si se podría aplicar la excepcionalidad que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y sobre si acudir sólo al concurso de méritos vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de generar inseguridad jurídica.
De hecho, en esa línea se expresaron previamente los letrados del Parlamento Andaluz, según manifestaron el PP y Vox.
Observaciones similares ha realizado CCOO en Andalucía, que recuerda que hay varias consultas pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podrían afectar a esta situación.
Este tribunal fue el que, a instancias de juzgados españoles, abrió el melón del problema de la temporalidad en España, señalando que encadenar diferentes contratos temporales para cubrir necesidades permanentes supone un abuso en la contratación.
Precisamente uno de los asuntos pendientes ante el TJUE es el caso de trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), cuyo abogado, Javier Araúz, ha planteado si existe una sanción adecuada al abuso de la contratación en la Administración española y si una posible medida sería el nombramiento como personal fijo de dichos temporales estatutarios. La conclusiones del abogado general del TJUE, que no son vinculantes pero sí orientativas, se conocerán el 17 de octubre.
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