Con la aprobación de un protocolo por parte de Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial se ha dado pistoletazo de salida para institucionalizar la colaboración público privada en donación de órganos y tejidos en las 17 autonomías.
Ahora La ONT iniciará un proceso de formación, en colaboración con la Alianza de la Sanidad Privada Española (Asce) que culminará con la autorización o acreditación de cada centro privado que cumpla unos requisitos establecidos en la norma.
Este protocolo – cuya aprobación coincide con el XXXIV Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplante que se está celebrando esta semana en Murcia-, esboza un marco homogéneo de regulación para facilitar la donación de órganos en los centros privados españoles con las mismas garantías de seguridad y calidad que en los centros públicos.
Así lo establece el Plan Estratégico 50×22 de la ONT, con el fin de sumar iniciativas para alcanzar una tasa de donantes de 50 por millón de habitantes, y que puedan realizarse 5.500 trasplantes en 2022.
Hay algunas autonomías como Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña o Galicia donde la sanidad privada tiene penetrabilidad importante y está participando en los procesos de donación con buenos resultados. Estas regiones ofrecen más posibilidades de institucionalizar una actividad aún emergente y que se
desarrolla mediante procesos dispares.
La participación institucionalizada de los centros sanitarios privados
podría llegar a aumentar un 10% las donaciones de órganos
Algo más excepcional son los casos de clínicas privadas en las que, a través de determinadas prestaciones del SNS, también se llevan a cabo trasplantes de órganos, como en la Clínica de Navarra o en la Fundación Puigvert, pero la nueva normativa no llega tan lejos.
El flamante protocolo contempla sólo las donaciones y pretende garantizar el acceso a ellas a cualquier ciudadano que desee ser donante, con independencia del tipo de asistencia sanitaria que reciba. La ONT pone el ejemplo de Muface y sus más de 2 millones de funcionarios atendidos por sanidad privada, una importante bolsa de
donantes potenciales.
“Hasta ahora había mucha variabilidad, un proceso poco estructurado y a veces basado en buena voluntad, pero es hora de sistematizar la participación de la sanidad privada. El documento trata básicamente de facilitar una incorporación mucho más institucionalizada a los procesos de donación”, explica a DM Beatriz Domínguez-Gil,
directora de la ONT.
La norma funcionará básicamente con dos modelos: un centro puede ser autorizado para la obtención de órganos y tejidos, o se puede autorizar como centro detector, es decir que identifica potenciales donantes pero siempre se llevará a cabo el proceso en el hospital público de referencia.
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La ONT calcula que cuando esta prolongación del sistema de donación esté en funcionamiento aumentarán las donaciones en un 10 por ciento, teniendo en cuenta que la colaboración privada existente hasta ahora aportaba entre el 1,8 al 2 por ciento de donantes.
“Es un protocolo muy flexible que se aplicará dependiendo de cada jurisdicción autonómica y de las posibilidades que tenga cada centro privado, señalando que las pautas recién aprobadas intentan dar soporte a los diferentes modelos que puedan surgir “pero las posibilidades reales de que esto funcione dependerá de cada comunidad autónoma y sobre todo del grado de complejidad asistencial de sus centros privados”.
La directora de la ONT estima grosso modo que podrían interesarse unos 130 hospitales y clínicas privadas, pero un primer paso será “afinar y delimitar cuales podrán entrar en el protocolo por el tipo de patología y de pacientes que atienden”. En algunas autonomías hay hospitales privados que atienden patologías de alta complejidad y estarían ya muy preparados para participar en el proceso completo de donación mientras que otras comenzarían como detectores de donantes para comunicarlo al hospital público de referencia.
“Se les dará una autorización estándar, teniendo en cuenta que se les piden los mismos requisitos que a un hospital público, por tanto siempre será una participación institucionalizada”, comenta Domínguez, subrayando que esa acreditación debe considerarse como un aumento de la calidad asistencial, ya que supone cumplir los estándares exigidos por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias (Semyciuc) para las ucis.
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