Los dirigentes mundiales reunidos en la Organización de la Naciones Unidas (ONU) esta semana, entre ellos el presidente en funciones español, Pedro Sánchez, adoptaron la Declaración política de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal (CSU), un documento que “constituye el conjunto más completo de compromisos sobre la salud jamás adoptado a este nivel”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, organismo de la ONU). Los países tendrán que rendir cuentas sobre lo realizado al respecto a la Asamblea General de la ONU en 2023;entre ellos, Estados Unidos y la mayoría de los de África y Asia, donde, salvo Botswana, Japón o Tailandia, no hay asistencia universal.
Sánchez sacó pecho en ese foro, recordando que una de sus principales medidas al llegar al Ejecutivo nacional (junio de 2018) fue la devolución de la universalidad de la asistencia al Sistema Nacional de Salud. Con su intervención pasó página a mayo de 2016, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recriminó al Gobierno de Mariano Rajoy que hubiese restringido el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles a través del polémico Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Hasta ahí todo bien, pero… es cierto que Sánchez corrió a solventar el problema nada más llegar a la presidencia tras la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, aunque también lo es que no se dio luego tanta prisa para rematarlo con el desarrollo normativo necesario para que fuera una realidad al 100%, que es algo que sigue pendiente.
El Tribunal Supremo sentenció el pasado mes de junio que la concesión de la tarjeta sanitaria no supone la existencia automática del derecho a la sanidad universal. Y en julio, las organizaciones Amnistía Internacional,la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), integrada por más de 300 organizaciones entre las que está Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y Yo sí, sanidad universal se concentraron ante el Ministerio de Sanidad para reclamar una regulación que sí garantice la sanidad universal.
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