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Comunidad Valenciana: reclaman que se ponga ya en marcha el nuevo contrato de resonancias magnéticas

El 30 de septiembre de 2018 finalizó el contrato de diez años firmado por la Administración autonómica con la UTE Erescanner Salud (Eresa-Inscanner, Ribera Salud y Beanaca) para la gestión de las resonancias magnéticas (RM) y no se renovó por el deseo expreso del Gobierno del Botánico (PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos) de recuperar ese servicio para la gestión directa. Para poder asumir ese compromiso, se pensó en un periodo de dos años de transición (https://www.diariomedico.com/profesion/valencia-dos-anos-de-transicion-en-la-internalizacion-de-las-rm.html#), para lo cual era necesario realizar un nuevo concurso para poder cubrir las necesidades asistenciales que puedan producirse (apoyo temporal a equipos departamentales, avería o cualquier circunstancia que así lo aconseje) durante el periodo de transición.

Tras diversas polémicas judiciales, los cinco lotes ya están adjudicados, pero la realidad es que el contrato sigue sin estar activado y aún no existe constancia ni notificación de cuándo se pondrá en marcha. En este escenario, representantes de Ascires Eresa (adjudicatario de tres de los cinco lotes: Vinaroz, Valencia y Villajoyosa), han reclamado hoy a la Consejería de Sanidad una activación inmediata porque, según ha incidido José Ferrer, director médico de Ascires, ellos ya han hecho su labor y están “preparados y esperando”. En este sentido, ha destacado que el grupo ha realizado una inversión de casi 20 millones de euros (el 90 por ciento en tecnología) para tener a punto o poner en marcha sus centros de Campanar y Campus Universidades (ambos en Valencia), Játiva y Gandía.

El contrato con la UTE Erescanner Salud no se renovó el año pasado por el deseo expreso del Gobierno

Desde Ascires Eresa también se ha resaltado que ambos concursos, y sus correspondientes modelos, “son incomparables”, ya que mientras en el primero Eresa estaba integrado en los servicios de los centros públicos, ofrecía un servicio integral y se encargaba de la gestión, la planificación y la ejecución, en el nuevo solo se encargará de ejecutar las tareas encomendadas, que se centrarán en la atención a las listas de espera mediante una derivación externa de los pacientes a sus centros. Además, mientras en el modelo anterior existía la obligación de formar al personal (adjuntos, residentes, enfermería, técnicos…), “sorprendentemente en el nuevo modelo no se incluye esa formación en los dos grandes lotes, Valencia y Alicante”, comenta Ferrer.

También se produce una importante pérdida de conocimiento, ya que mientras en el primer modelo la integración permitía un “conocimiento compartido”, con el nuevo modelo queda más “disgregado”. Para Ferrer, es especialmente clave el concepto de “anillo radiológico”, que incluye las pruebas y también la revisión y análisis por parte de los mejores profesionales en cada caso, sobre todo porque con el cambio de modelo deja de incluir a la sanidad pública y se quedara “solo para las Clínicas Ascires”. En su opinión, que el modelo deje de estar integrado no beneficia al paciente.

Existen algunas dudas organizativas y de gestión de personal

Alicia Llácer, directora de Procesos Administrativos y Call Center de Ascires, destaca que el grupo afrontó 250.000 peticiones durante 2018 dentro del plazo -máximo de 30 días- y, en consonancia con Ferrer, ha hecho hincapié en que “estamos preparados” para el reto y que lo asumirán “cuando nos lo pidan”. Por su parte, Pilar Domingo, directora de Relaciones Corporativa, ha señalado que “Sanidad va a tener que invertir de manera potente en estructura organizativa”, además de incidir que con el nuevo concurso “no garantiza un número de pacientes” para las empresas adjudicatarias o resulta imposible calibrar el volumen.

También ha alertado sobre que todavía “no se sabe cómo se subrogará el personal” de Eresa en los centros públicos, aunque existe el compromiso de la Administración de que así será. Por su parte, Rubén Hinarejos, director técnico sanitario, ha querido aclarar que la Administración sanitaria valenciana “nos pidió en 2016 que cesáramos la actualización de los equipos” y que ellos reaccionaron “mejorando e invirtiendo” en la tecnología de sus centros propios.

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