La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha reafirmado hoy la intención inequívoca del Gobierno valenciano de revertir a la gestión directa la concesión sanitaria del Departamento de Salud de Denia-La Marina, aunque no ha explicitado cuestiones como las causas que motivan el inicio del expediente, los plazos que se barajan o si podrían existir razones o justificaciones en los informes solicitados que provocaran la paralización del proceso.
En una intervención en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, a petición del Grupo Podemos, Barceló ha señalado que “hemos iniciado el expediente de rescate con una resolución que firma esta consejera” y que solicita los informes “para hacer los trámites que ordena la Ley de Contratos de Administración Pública”. Ha reiterado que “el trámite se hará con los plazos que marca la legislación” y que “no queremos cometer errores para que no se convierta en un pleito sin fin”.
Ante estas afirmaciones, José Juan Zaplana (PP) ha señalado que esa resolución “no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)” y que por tanto no deja de ser una mera “comunicación interna”. Además, ha reiterado la necesidad de “motivar el rescate”, retando a Barceló a que “rescinda el contrato” si considera que la concesionaria no cumple, ya que su deseo de rescatar provocará que “encima tengamos que indemnizar”. En su opinión, Barceló no tiene “ningún plan para Denia” y, por ello, seguirán el proceso “con luz, taquígrafos y lupa” y, en caso necesario, “iremos a los tribunales”.
Por su parte, Mireia Mollà (Compromís) se ha planteado si los informes solicitados pueden contener aspectos o cuestiones que paralicen el proceso, pero no ha conseguido que Barceló contestara de forma rotunda, limitándose a señalar que “los informes van a culminar ese proceso”.
Conversaciones
Antonio Estañ (Podemos) ha incidido en la “falta de transparencia en el último tramo de negociación” con las empresas concesionarias y los cambios de postura “sin explicación o consenso”. Además, ha comentado que si el expediente obedece a un incumplimiento contractual, el proceso podría haberse iniciado mucho antes.
Respecto a ese extremo, Barceló ha hecho hincapié en que las negociaciones se llevaron a cabo porque las empresas concesionarias (DKV y Ribera Salud) mostraron intención y que “se ofertó un precio de compra de acciones según la legalidad del sector público, como no puede ser de otra manera, y bajo el amparo de la Dirección General de Patrimonio”, pero que resultó “insatisfactorio” para las empresas.
En cualquier caso, también ha apuntado que “priorizamos el diálogo y así seguiremos”, señalando que “tenemos abiertos los canales de negociación y si podemos resolver la cuestión más rápido a través de conversaciones, lo haremos”. Para Juan Córdoba (Ciudadanos), la actuación en este campo “es uno de los atropellos ideológicos más flagrantes de este Consell”, señalando que la comparecencia sirve para que “siga haciendo campaña electoral con las reversiones”. De forma gráfica, ha expuesto que “no estamos a tiempo de revertir nada”.
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