Desde que la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad aprobó a finales de julio la oferta de plazas MIR 2020 hasta que la relación definitiva de los puestos se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE, la pasada semana, 30 plazas médicas de 15 especialidades se han caído por el camino. La culpa de tamaño despiste es del llamado cupo autonómico, el mecanismo que permite a las autonomías no ofrecer todas las plazas MIR aprobadas por Recursos Humanos para su comunidad, pese a tener unidades docentes acreditadas y en perfecto estado de revista para impartir formación en esas especialidades.
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Quince años después de que el Ministerio de Sanidad aprobara este mecanismo (a petición de las comunidades), siempre ha habido recortes de plazas sobre la oferta aprobada y -en teoría- consensuada en el Pleno de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud entre las propias autonomías y las comisiones nacionales de las distintas especialidades. Tres son las comunidades que en la convocatoria MIR 2020 han hecho uso de esa potestad: Cataluña y Galicia (que repiten con respecto al año pasado) y La Rioja, que se estrena en estas lides.
Galicia ha estado especialmente ducha con la tijera, y ha dejado sin presupuesto -y, por tanto, sin residentes- 21 plazas de 11 especialidades médicas (más otra de Radiofísica Hospitalaria). Las 457 plazas MIR totales que la comunidad gallega ofrece para la convocatoria 2019-2020 podrían haber sido 479, de no haber recurrido a ese maquillaje de última hora. El año pasado, el recorte en el Servicio Gallego de Salud (Sergas) afectó sólo a siete plazas y la oferta docente total de Galicia se quedó en 404 puestos.
Fuentes del Sergas aseguran que esas 53 plazas de incremento global con respecto a la convocatoria 2018-2019 se han centrado “en aquellas especialidades en las que se necesitan profesionales, y ha supuesto un importante esfuerzo para la comunidad”. Si la oferta global de plazas MIR en Galicia ha aumentado un 13,1%, lo cierto es que los puestos afectados por el cupo autonómico se han triplicado.
La idea del Sergas es establecer una “competencia” entre unidades, “para que se esfuercen en mejorar”
A sus necesidades de profesionales, la Administración gallega suma otro argumento en favor del cupo: “En los casos de reducción de la oferta, el objetivo es que las plazas existentes se asignen competitivamente, estimulando así que las unidades docentes acreditadas se esfuercen en mejorar”.
Cataluña y la Rioja
Cataluña, otro actor habitual del cupo (ha recurrido a él prácticamente en todas las convocatorias) deja sin presupuesto 7 plazas MIR (la mitad que el año pasado, cuando lideró este ranking) de 4 especialidades médicas, y 3 más de Bioquímica Clínica. La Rioja debuta con fuerza, porque lo hace vetando dos plazas de Medicina de Familia, una especialidad particularmente deficitaria en todas las autonomías y que, como tal, los servicios de salud no suelen incluir nunca en sus recortes de última hora. De las 20 plazas que La Rioja tiene acreditadas para impartir Familia, sólo ofertará 18 a sus futuros residentes.
Cirugía Torácica, que ‘pierde’ cinco plazas de las 22 que tiene acreditadas, ha sido este año la especialidad más afectada por el cupo, pero tanto la sociedad científica como la comisión de la especialidad querrían que el recorte fuera mayor, porque alegan que ya hay superávit de cirujanos en el Sistema Nacional de Salud.
Aunque las autonomías justifican su recurso al cupo por razones de planificación asistencial (es decir, sólo ofertan plazas en aquellas especialidades donde prevén que van a necesitar médicos), los docentes y las comisiones nacionales de algunas especialidades hablan de razones económicas.
“Desde el punto de vista autonómico, la idea es muy buena, porque las comunidades se han dotado de un mecanismo que les permite afinar y ajustar todavía más la oferta docente MIR a sus disponibilidades presupuestarias. Puesto que yo pago, yo decido cuántos residentes necesito y en qué plazas”, resume Milagros García Barbero, presidenta de la Sociedad Española de Educación Médica (Sedem).
No obstante, este argumento, que puede tener cierta lógica presupuestaria, le parece “perverso” a la presidenta de Sedem desde una perspectiva estrictamente docente: “Las autonomías no deberían condicionar las plazas MIR que sacan a sus necesidades asistenciales, porque son plazas formativas de nivel nacional, y no autonómicas. Lo que olvidan con demasiada frecuencia las comunidades es que estamos hablando de puestos docentes, y no de puestos laborales. Puede que yo, autonomía X, no necesite más anestesiólogos, pero la pregunta es: ¿los necesita mi comunidad vecina? Si las autonomías no quieren sacar un determinado número de plazas, pese a tener unidades acreditadas, ese mismo número se podría ofrecer a otras comunidades, y eso es algo que debería dilucidarse en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos, en el que, no en vano, están sentados el ministerio y todas las comunidades”.
La visión individualista que critica la presidenta de Sedem subyace en los argumentos del Sergas cuando afirma que “se ha reducido la oferta en aquellas especialidades con superávit de profesionales, y se ha aumentado en las que tenemos déficit”. Aunque no sea de forma coordinada -como reclama García Barbero-, la valoración de las necesidades se hace, según las fuentes del Sergas, con arreglo a criterios muy determinados: “Para estimar cuántos especialistas son necesarios a corto, medio y largo plazo, la Consejería de Sanidad cuenta con el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia (Sipsg); pero éste es sólo un elemento de juicio para la elaboración de la oferta, que se combina con la valoración de otros factores, como la evolución tecnológica, los cambios estructurales, la implantación de nuevos programas de especialidades y otros”.
Como las plazas de grado
García Barbero ve un claro paralelismo en la “visión restrictiva” que las comunidades tienen tanto de sus plazas MIR como de las que ofertan para estudiar Medicina: “En un mundo globalizado, pretender que el MIR, una vez formado, va a trabajar necesariamente en la región donde ha estudiado, es como asociar las plazas de las facultades de Medicina a las necesidades laborales de la comunidad donde está radicada esa facultad. Las plazas docentes, tanto universitarias como de residencia, tienen que estar condicionadas sólo por la capacidad docente de las facultades, en el caso de las primeras, y de las unidades docentes acreditadas para formar a residentes”.
La pesidenta de Sedem cree que “las plazas que no quiera sacar una comunidad deberían ofrecerse a otra”
O, dicho de otra forma, las comunidades no deberían recurrir al cupo, y eso que el recurso a este mecanismo se ha moderado mucho en las últimas convocatorias: las 30 plazas afectadas este año son el último eslabón de tres años consecutivos de subidas (18 plazas en 2017 y 22 en 2018), pero están muy lejos de los 93 puestos afectados por el cupo en 2015, o de las 201 plazas sin presupuesto que marcaron un récord en 2013.
Por especialidades, el veto de La Rioja a dos plazas de Medicina de Familia es el caso más llamativo de este año, pero la especialidad más afectada por número de puestos es Cirugía Torácica, que pierde un total de 5 plazas (3 en Cataluña y 2 en Galicia), lo que supone un 22,7% de las 22 que tiene acreditadas en todas las comunidades autónomas.
Paradójicamente, Torácica querría que ese veto fuera todavía mayor. “El cupo es el menor de nuestros problemas, porque la comisión de la especialidad lleva más de diez años reclamando en vano al Ministerio de Sanidad que convoque un máximo de 5 plazas, y no las 17 que se han ofertado este año. Los servicios hospitalarios no tienen, en modo alguno, capacidad para absorber el excedente de especialistas que ya tenemos”, afirma Florentino Hernando Trancho, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).
Hernando Trancho admite que el recorte de plazas “puede ser un problema para algunas especialidades médicas que tienen un déficit evidente, pero, en el caso de las quirúrgicas, son excedentarias”.
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