Tras la constitución de todos los gobiernos autonómicos salidos de las elecciones del pasado 26 de mayo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado la reanudación de sus encuentros con los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas para avanzar en la transferencia de la sanidad penitenciaria y su integración en los respectivos sistemas de salud.
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El objetivo es dar cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
La transferencias se deberían haber completado a los 18 meses, según dicha norma. Tras 15 años, sólo Cataluña y País Vasco tienen las competencias transferidas, penitenciarias en el primer caso y sólo sanitarias en el segundo.
Según el Gobierno en funciones, desde julio de 2018 se han mantenido contactos y reuniones con las comunidades autónomas de Navarra, Baleares, Andalucía, Valencia, Madrid y Murcia. Tras la constitución de los nuevos ejecutivos autonómicos, este miércoles se retomaron los encuentros con la Comunidad Valenciana y Cantabria, con las que se ha mantenido una reunión mediante videoconferencia.
Como ha ido informando DM, algunas de las autonomías que podrían asumir en el futuro la competencia de la sanidad penitenciaria serían Navarra y Andalucía.
La situación de la sanidad penitenciaria es delicada debido al envejecimiento de las plantillas. Según CESM, hay unos 212 médicos en prisiones para más de 51.000 internos y el 90% de los facultativos tiene ya más de 50 años y el 35% está en condiciones de pedir la jubilación en cualquier momento, al tener ya 60 años y haber cotizado los años necesarios.
Recientemente dicho sindicato se reunió con el Ministerio de Interior para pedir un calendario claro sobre cuándo se harán estas transferencias y mejoras para el colectivo, que además tiene peores salarios que sus homólogos de la sanidad pública de media: los médicos que trabajan en la sanidad penitenciaria cobran 20.000 euros netos menos que sus compañeros de atención primaria de los servicios de salud.
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