No es la primera vez que lo denuncia. Pero la situación no termina de mejorar. El Defensor del Pueblo, Francisco Marugán, ha entregado este lunes al Congreso de los Diputados y el Senado el informe anual que realiza en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes. Y el informe deja claro que los centros penitenciarios continúan teniendo “insuficiente dotación de personal sanitario que afecta de manera notable a la calidad y frecuencia de la asistencia” de los presos. Además, el Defensor del Pueblo ha reclamado una vez más “la presencia de estos profesionales [sanitarios] las 24 horas del día y ha instado a la creación de algún sistema de solicitud de asistencia sanitaria urgente en todos los centros penitenciarios.
Las carencias en la dotación de personal sanitario se han observado también en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que según el informe “continúan sin contar con presencia médica 24 horas, carecen de asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas”.
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Otra de las grandes preocupaciones del Defensor del Pueblo son los centros centros para menores infractores. El estudio alerta de que en estos centros se ha detectado que las consultas médicas se realizan en muchas ocasiones en presencia de educadores o personal de seguridad por lo que el Defensor del Pueblo insta a mantener la intimida de los menores en la atención médica que se les presta.
El informe, que ha incluido la visita de 71 centros de menores infractores, alerta también del uso de contenciones mecánicas para estos menores, la ausencia de un libro de registro donde se anoten los médicos coercitivos utilizados, del motivo de la aplicación de estos medios y del seguimiento por parte de personal sanitario. Además, la investigación ha mostrado diferencias significativas en la frecuencia con la que se recurre a esas contenciones mecánicas y en la formación del personal tanto en cómo adoptar estas medidas como en la priorización de medios alternativos de desescalada. Por ello, el informe del Defensor del Pueblo insta a reflexionar sobre la idoneidad del uso de contenciones mecánicas en este tipo de centros.
Por otra parte, la investigación del Defensor del Pueblo ha incluido visitas a cinco centros de salud mental donde se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastornos psiquiátricos (el Hospital Universitario Central de Asturias, el Centro Sociosanitario Casta Arévalo de Ávila, la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés y la Unidad de Agudos del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, en Toledo.
En este caso, la investigación ha detectado algunas deficiencias en las infraestructuras de las habitaciones en las que se aplican contenciones mecánicas, falta de remisión de parte de lesiones a las autoridades, ausencia de sistemas de alerta en las habitaciones o de videovigilancia en las habitaciones de contenciones mecánicas y algunas carencias en el registro de observaciones sobre contenciones mecánicas, así como carencias en la comunicación al juzgado de internamiento involuntario urgente en el plazo de 24 horas o en la decisión de paso de internamiento involuntario a voluntario.
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