El Comité de Bioética de España abre el debate sobre la pertinencia de mantener el anonimato del donante de gametos tal y como figura en la normativa actual. Federico de Montalvo, presidente del órgano consultivo del Gobierno, reconoce que este será uno de los próximo informes del Comité y espera tenerlo listo antes de verano.
Con este anuncio, se ha abierto una Caja de Pandora de donde han salido más truenos de los esperados. Las clínicas de reproducción humana asistida se han apresurado a reaccionar. Cerca de 40.000 bebés nacen anualmente en nuestro país mediante estas técnicas y entre 10.000 y 15.000 parejas viajan a España cada año en busca de tratamientos de reproducción asistida. España es la primera potencia europea en reproducción humana asistida por número de clínicas y ciclos, según los últimos datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE, por sus siglas en inglés).
Luis Martínez Navarro, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), ha respondido a Diario Médico, reiterando su apoyo a que se mantenga el anonimato en estas donaciones. Explica que para la SEF, “el modelo actual de protección del anonimato de los donantes ha demostrado ser beneficioso para las dos partes: los pacientes con problemas de fertilidad y los donantes de gametos”.
Fernando Abellán, asesor jurídico de la SEF, refuerza esta posición argumentando que la ley actual admite excepciones “para los casos de peligro para la salud o la vida de los hijos y también en el supuesto de investigación judicial”. Abellán recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1999, ya se pronunció sobre esta cuestión avalando lo que establece la ley: “Consideró que respondía bien a las necesidades de cohonestar, por un lado, la necesidad de obtener gametos para los pacientes que no pueden utilizar los suyos y, por otro, el derecho a la intimidad de los donantes, favoreciendo en definitiva el acceso a estos tratamientos”.
La CNRHA existe
La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) ha afrontado el cambio de vocales. Según ha podido saber DM, el pasado 28 de febrero se reunió la nueva composición de este grupo permanente, que es la máxima autoridad en la investigación con gametos y embriones en España. Sin embargo, este cambio en sus vocales no está recogido ni en la página web de la Comisión ni en ningún documento oficial, aunque está previsto que se haga.
DM preguntó al Ministerio de Sanidad que ha respondido: “Se hará público”, sin mayor concreción.
La Organización Médica Colegial (OMC) tiene representación en la Comisión. Hasta ahora este puesto estaba cubierto por Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de la OMC. Ahora, la corporación profesional ha designado a Jorge Fernández, ginecólogo y presidente del Colegio de Médicos de Granada. Fernández reconoce el importante papel que debe jugar la CNRHA al fijar “un posicionamiento técnico y profesional en cuestiones como la gestación subrogada”, y confirma que su nombramiento no ha sido oficializado.
También ha cambiado su representante en la CNRHA el Comité de Bioética de España. Natalia López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra, ha dejado paso a Encarnación Guillén, exconsejera de Sanidad de Murcia.
Luis Martínez Navarro, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), se estrenó en la Comisión en la citada reunión de febrero y el sillón de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) lo ocupa Koldo Carbonero.
El origen de la CNRHA, según la ley de técnicas de reproducción asistida es la “de orientar sobre la utilización de estas técnicas y colaborar con la Administración en la recopilación y actualización de conocimientos científicos y técnicos y en fijar criterios de funcionamiento de los centros o servicios en los que se realizan estas técnicas.
La CNRHA se crea por el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, que regula su composición, sus competencias y funcionamiento. Hay voces críticas en el sector que acusan de poca transparencia en la manera de trabajar de este grupo. Como ya contamos en DM, sus informes no son públicos y entre sus miembros hay evidentes conflictos de intereses.
Por último, asegura que “no hay una necesidad social de cambiar el criterio del anonimato en España, pues no se conoce ninguna reclamación judicial de posibles afectados. El debate que se plantea es más en plano teórico, de la disquisición intelectual, que de la conveniencia práctica de variar la situación”.
Frente a esta opinión, De Montalvo considera que existen elementos que obligan a una revisión de esta norma “para cambiarla o para dejarla como está, o para encontrar una solución intermedia”. Los elementos que justificarían este debate, según apunta, se centran en dos aspectos. En primer lugar, en el principio “del mejor interés del menor que, en los últimos años, ha adquirido especial protección y relevancia”; y, por otro lado, en “los avances en la medicina predictiva, donde el conocimiento del pasado genético puede condicionar el derecho a la protección de la salud”. Además, el bioeticista y profesor de Derecho Constitucional advierte de que “es mejor que se haga un reflexión, no predeterminada, pero exigida por el mejor interés del menor, a que todo cambie porque un juez en un determinado momento admita una reclamación en este sentido”.
Este es un debate que ya se ha dado en países vecinos, concluyendo la necesidad de sacar del anonimato a estas donaciones. Así ha ocurrido en Reino Unido, donde desde 2005 el donante debe aparecer con nombre y apellidos a disposición del que recibe la donación. En Portugal desde mayo del año pasado, y en virtud de una resolución del Tribunal Constitucional, también se ha acabado con el anonimato. Además, dentro de la UNESCO se ha iniciado este debate, según De Montalvo.
Pero este recorrido internacional, aunque en cierto modo avala la oportunidad del debate, dota de argumentos de peso para las posturas más contrarias a que se levante el anonimato de estas donaciones, pues advierten de la catástrofe en la baja de donantes que implicaría el cambio de criterio.
En Reino Unido, donde el donante de gametos debe identificarse, las clínicas han visto bajar la donación de óvulos y espermatozoides de manera dramática. Moisés de la Casa, coordinador del laboratorio de Andrología de la Clínica Ginefiv, contrario a levantar al anonimato apunta que “en Reino Unido, Alemania o Portugal, el número de donantes ha disminuido de forma estrepitosa, hasta tal punto que se han creado listas de espera en estos países para recibir un tratamiento de reproducción asistida debido a que ahora existe una falta de abastecimiento de gametos”.
En esta línea, Rocío Núñez Calonge, bióloga con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la reproducción humana asistida, recuerda que España “es uno de los destinos principales, sobre todo en Europa, para la realización de técnicas prohibidas en los países de origen, como la donación de gametos o el diagnóstico genético preimplantacional. Más del 40 por ciento de los ciclos de reproducción asistida en Europa se realizan en España y el 60 por ciento de los mismos son de donación de óvulos, por ejemplo. Es el país con más ciclos de reproducción asistida en Europa, con 109.275, en 2014”. Ante la posibilidad de levantar el anonimato a la donación, Núñez Calonge considera que es “innecesario y contraproducente”.
Abellán también apunta otro argumento para la reflexión: “En un momento como el actual, en el que la natalidad está en mínimos históricos, el impacto negativo sería también notable si tenemos en cuenta que el 8 por ciento de los niños son concebidos mediante técnicas de reproducción humana asistida y que la ovodonación es una parte importante del total de estos tratamientos”.
En conclusión, estamos ante un sector económico muy importante en España, al que un posible cambio legislativo, como el que se plantea, afectaría sensiblemente. Pero, ¿es este un argumento ético, bioético o legal que habría que considerar?
De Montalvo reconoce que “entiende la preocupación del sector”, pero, también advierte de que “en el debate no puede ser determinante el impacto económico, porque estaríamos ante una decisión no muy ética”.
“El impacto negativo sería notable si tenemos en cuenta que el 8 por ciento de los niños son concebidos por estas técnicas”, dice Abellán
Y añade: “Lo importante de la industria es que provee de unos servicios que permiten tener hijos. No estamos ante un derecho fundamental a la maternidad/paternidad, pero sí ante una libertad y ante un aspecto de la personalidad muy importante”.
Nuria Terribas, directora de la Fundación Grifols i Lucas, abordó este debate en su conferencia, dentro del XI Encuentro Interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, que se celebró el pasado verano, dentro de los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander.
Terribas puso de manifiesto lo incongruentes, a su entender, de un ordenamiento jurídico como el nuestro donde se diferencia al hijo fruto de la adopción frente al que ha sido concebido mediante técnica de reproducción asistida en la protección de su derecho a conocer sus orígenes biológicos.
Según la experta, en los últimos 30 años, el legislador español ha realizado “un cambio de paradigma” en el reconocimientos de derechos al menor adoptado que, sin embargo, no lo ha trasladado al ámbito de la reproducción asistida con donante.
En esta resistencia al cambio, Terribas planteaba como un elemento clave la fuerza de las clínicas del sector. “Es un porcentaje del PIB muy importante, no quieren perder opciones de negocio y desvelar la identidad de los donantes supondría que pasaríamos unos años de transición y no interesa”.
“Al terminar con el anonimato cambia el perfil del donante a una persona más adulta y mentalizada con ayudar a terceros”, apunta Terribas
“Ahora, el perfil del donante de gametos es un joven, chica o chico, estudiante entre 18 y 24 años que realiza esta donación por la compensación económica: “Son 1.000 euros por óvulo y a partir de 50 euros por esperma. Si eliminas la compensación económica, no hay donantes”, razona.
Terribas reconoce que los países donde la donación de gametos no es anónima, “han experimentado un descenso de donantes, en un primer momento, que luego se compensa, aunque cambiando el perfil del donante a una persona más adulta y mentalizada de que estás haciendo algo para ayudar a terceros, más allá de la compensación económica. Pero, claro, también baja la tasa de efectividad de las técnicas de reproducción asistida, porque no es lo mismo el material donante de una persona de 20 años que la de una de 30”.
En todo caso, asume que “en España nos va a costar dar este paso de terminar con el anonimato del donante. Como nos está costando contar con un registro nacional de donantes, algo que, por otro lado, garantizaría que se está cumpliendo con ese máximo de seis donaciones por persona que ahora contempla la ley”.
Cueste más o menos, hay un primer paso dado y, además, desde una discusión bioética y acompañado de ciertas garantías, según apunta el presidente del Comité de Bioética de España: “Es una reflexión no predeterminada a la que queremos que se incorporen los actores implicados, entre ellos el sector”.
Dentro del Comité de Bioética de España el trabajo sobre este informe acaba de empezar. Natalia López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra, es la ponente del trabajo y las mejores previsiones apuntan que su resolución se conocerá antes del verano.
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