Tras su desaparición oficial como especialidad de Escuela en 2014, con el hoy extinto decreto de troncalidad, Medicina Legal y Forense esperaba con mucha expectación que el Ministerio de Sanidad diera el primer paso para convertir la especialidad al sistema MIR. El pasado marzo, Sanidad sometió a trámite de audiencia el proyecto para iniciar esa conversión. María Dolores Pérez Cárceles, catedrática de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Murcia y presidenta de una sociedad sin especialidad (de momento) reconocida, analiza las perspectivas de esta nueva etapa.
Pregunta. El ministerio al menos ya ha preguntado si es pertinente que Medicina Legal y Forense sea una especialidad encuadrada en el sistema MIR ¿Acaban aquí los 5 años de travesía del desierto de la especialidad?
Respuesta. Ni la configuración como especialidad de Escuela que teníamos hasta 2014, ni, obviamente, la ausencia de especialidad, satisfacían a los profesionales. Ahora bien, la nueva tierra prometida tras esa travesía del desierto de la que habla, sólo se podrá evaluar cuando conozcamos los pormenores del decreto definitivo. Está claro que estamos ante un momento crucial para que se haga realidad una de nuestras reivindicaciones históricas: la creación de una especialidad MIR, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de las especialidades. Además, si efectivamente se tramita en igualdad de condiciones con el resto, creemos que va a haber una alta demanda de graduados en Medicina para cursar la nueva especialidad.
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P. ¿Tiene la sociedad que preside datos concretos que avalen esas buenas perspectivas?
R. Desde mi experiencia docente, le puedo decir que cada vez hay más interés entre los estudiantes del grado sobre la especialidad y cómo acceder a ella. Creo que el componente social de la disciplina es un factor de atracción clave. El ejemplo más cercano que tenemos es Portugal: cuando aprobó la especialidad tuvo una alta demanda de graduados para cursarla, y creemos que aquí puede pasar exactamente igual.
P. ¿Por qué no les convencía su tradicional configuración como especialidad de Escuela?
R. Fundamentalmente porque los alumnos debían costearse su propia formación, no como en el resto de las especialidades, donde las plazas están financiadas por las autonomías. Esta inequiparación en derechos carece de sentido en un sistema formativo que se presupone único; de ahí que nos consideráramos una especialidad marginada. De hecho, aunque, en general, se cubría la oferta de plazas, había menos demanda de la que ahora esperamos.
P. En 2013, la sociedad científica ya elaboró una propuesta de programa MIR. ¿Sigue siendo válida o habría que actualizarla?
R. Era un programa genérico que, en esencia, mantiene su vigencia, pero, es verdad, que a medio plazo quizás habría que adaptarlo a las nuevas necesidades.
P. Esa propuesta formativa incluía dos años de rotación en institutos de Medicina Legal, pero también otros dos en hospitales. ¿Es la formación estrictamente hospitalaria la principal asignatura pendiente de su posgrado?
R. Salvo honrosas y puntuales excepciones, hemos estado marginados del entorno formativo hospitalario, y es una necesidad imperiosa que la docencia e investigación en Medicina Legal y Forense se nutra de la experiencia del resto de las especialidades hospitalarias. El futuro MIR debería rotar, claro, por institutos de Medicina Legal y laboratorios de Toxicología, pero también por servicios hospitalarios como Anatomía Patológica, Ginecología, Psiquiatría, Traumatología, Radiología o Rehabilitación. Todo eso está contemplado en la propuesta formativa que se hizo en 2013.
María Dolores Pérez Cárceles.
P. El ministerio habilitó un plazo para enviar alegaciones a su proyecto de creación de la especialidad. ¿Qué aportaciones concretas ha hecho la sociedad?
R. Hemos presentado un escrito muy básico, con puntos muy concretos. De entrada, la denominación de la especialidad, que debe ser inexcusablemente de Medicina Legal y Forense, para equipararnos con los países europeos que la tienen reconocida; en segundo lugar, debe durar 4 años, también para homologarnos a Europa; y luego, se debe incluir a la universidad como un entorno clave en docencia e investigación médico-legal, sin olvidar, claro, la actividad pericial privada, que ejercen muchos especialistas.
P. Su sociedad científica insiste mucho en la necesidad de potenciar la doble vertiente -legal y forense- de la especialidad. ¿Temen que el desarrollo de la segunda vaya en detrimento de los aspectos estrictamente legales?
R. En cierta forma ha sido así. Si hablamos sólo de especialidad forense, nos estaríamos ciñendo al ámbito médico-forense que compete al Ministerio de Justicia, y nuestra especialidad va mucho más allá. Restringirlo a la faceta forense no está en absoluto en consonancia con las necesidades de los ciudadanos, ni con la potencialidad de la especialidad.
P. ¿Cuáles son esas competencias del especialista que no están suficientemente desarrolladas y/o aprovechadas?
R. En realidad, muchas que tienen que ver con la perspectiva social de la especialidad que antes mencionaba. Y aquí podemos incluir el asesoramiento en conflictos médico-legales que requieren conocimientos propios de nuestra especialidad, como el rechazo de tratamientos, temas de consentimiento informado o problemas que pueden surgir en urgencias; pero también es clave la participación de especialistas en los comités de ética, clínicos o de investigación; funciones diagnósticas y/o asesoras en problemas relacionados con distintas formas de violencia, tanto para las víctimas como para los agresores… y un largo etcétera de temas similares.
P. ¿El hecho de que la especialidad, en teoría, dependa de Justicia y Sanidad no generará una pugna de intereses entre las necesidades de ambos ministerios?
R. No debería existir esa bicefalia si la especialidad mantiene su esencia: es decir, su doble naturaleza y su vocación de servicio al ciudadano. Es más, podría ser una ventaja sumar dos visiones que, en teoría, deben ser complementarias y deben redundar en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos formativos.
Limitarnos a la faceta forense no está en consonancia con la necesidad del ciudadano ni con el potencial de nuestros médicos
P. Desde el curso 2015-2016 no se ha convocado ninguna plaza docente de Medicina Legal y Forense. ¿Cómo ha afectado esa sequía al mapa demográfico de la especialidad?
R. Es evidente que 4 años sin ningún nuevo especialista han truncado el flujo regular y razonable en una disciplina que sigue siendo muy demandada, sobre todo en los aspectos periciales. De hecho, tenemos continuas peticiones de abogados que no encuentran especialistas que les resuelvan las pericias. Hasta donde sabemos en la sociedad científica, ahora mismo no hay especialistas en paro. La contrapartida de esa buena noticia es que la alta demanda de nuevos especialistas no se puede satisfacer.
En el sector privado se quejan, y con razón, de que muchas periciales son ejecutadas por personas sin la debida formación
P. Y aun así, muchas plazas autonómicas para cubrir vacantes de médico forense quedan desiertas. ¿Tan malas son las condiciones laborales?
R. Vocación y atracción por la especialidad existen, pero también es verdad que la planificación de la profesión dificulta el acceso a una plaza. La vía MIR genera mayor seguridad y facilidad de acceso que optar a una oposición, porque hay una convocatoria anual y un número determinado de plazas. Tampoco hay que olvidar que muchos opositores son interinos con muchos años de experiencia, y sus cargas laborales y familiares les hacen más difícil preparar una oposición que a los médicos recién graduados.
P. ¿Esa carencia de especialistas puede estar en la base del intrusismo que tradicionalmente vienen denunciando la sociedad científica y muchos profesionales?
R. Los especialistas que ejercen en el ámbito privado se quejan, y con razón, de que muchas periciales son ejecutadas por personas sin la debida formación, y eso se nota mucho en aspectos tan sensibles como la valoración del daño corporal, por ejemplo. La investigación pericial, los contenidos o la redacción del informe final son mucho más deficientes si el responsable no es un especialista.
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