A pesar de que la gran parte de la gestión de la sanidad está transferida en Cataluña, todavía en muchos aspectos la gestión del Ministerio de Sanidad afecta a como se desarrollan las políticas sanitarias en esta comunidad. Para entender estas relaciones, el Colegio de Economistas de Cataluña y el Círculo Salud organizaron un debate con expertos y que fue moderado por Carmen Fernández, directora de Diario Médico, Correo Farmacéutico y Cuidateplus.
La gestión de la profesión sanitaria, el calendario vacunal, el consejo interterritorial de sanidad, el MIR, la salud pública y exterior o qué medicamentos entran dentro de la cartera de servicios y a qué precio son solo algunos de los asuntos en los que puede afectar a la gestión de la sanidad catalana los resultados de estas próximas elecciones. “Aunque podríamos pensar que estas elecciones no afectan ya que casi toda la sanidad está transferida, esto no es así y todavía hay algunas competencias que el estado gestiona desde Madrid y que son relevantes” apuntó Lluís Bohigas, presidente de la Comisión de Economía de la Salud del Colegio de Economistas de Cataluña y presidente del Círculo de Salud.
“Muchas de las dificultades que nos encontramos en la sanidad en Cataluña se pueden entender si miramos que pasa en Madrid. Esta iniciativa me parece muy innovadora, y espero que pueda ayudar a aclarar que se ha de votar en función de la sanidad”, dijo Fernández, que cuenta con el doble bagaje de conocer de primera mano el ámbito catalán y el nacional.
Falta de poder político
Boi Ruiz, que fue consejero de salud durante la presidencia de Artur Mas entre 2010 y 2016 se encargo de explicar cuál es el funcionamiento del Consejo Interterritorial de Sanidad y empezó señalando como una primera problemática la falta de poder real del Ministerio. “Hay muchas cosas que dependen de Madrid, pero el Ministerio de Sanidad no depende de si mismo. Tenemos un ministerio al que no hemos sabido dotar de competencias y que al final está en manos de otros ministerios”.
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Ruiz también quiso señalar la falta de transparencia que hay a la hora de explicara los ciudadanos los gastos y el presupuesto estatal. “En materia de sanidad por ejemplo nos falta medio punto del PIB para estar al nivel de otros países de Europa. Y esto se cuenta para argumentar subidas de impuestos, pero luego nadie nos cuenta en dónde se gasta ese medio punto que nos falta a nosotros para poder los ciudadanos decidir que a lo mejor nos interesa gastar menos en otros apartados sin tener que subir los impuestos”.
As, comentó también durante su participación como en ninguno de los consejos interterritoriales en los que participó se ha hablado nunca de presupuestos, con la excepción del financiamiento del tratamiento de la hepatitis C. “Es un ministerio sin poder político, que se otorga en tercera ronda y normalmente para cubrir cuotas. Por no tener no tiene ni el derecho a otorgar la tarjeta sanitaria”, recalcó Ruiz.
Recortes en la farmacia
Josel Llop, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona se encargó de explicar como la gestión desde Madrid afecta al ámbito de la farmacia, uno de los más sensibles a los recortes y que ya antes de la crisis estaba infrafinanciado. “Y hay aspectos que no se han tenido en cuenta, como el incremento demográfico de Cataluña entre 2000 y 2010 que luego no se ha valorado para actualizar su financiamiento”.
Así, para Llop hay una falta evidente de voluntad política para hacer transferencias económicas a Cataluña, habida cuenta no solo de este incremento demográfico si no también al hecho de que otras comunidades son receptoras de servicios y prestaciones desde Cataluña de los que luego no hay un retorno. Llop también señaló el desequilibrio que hay en aspectos como la investigación. “En el CSIC, solo el 15 por ciento de sus investigadores son de Cataluña, mientras que el 50 por ciento lo son de Madrid, un diferencial importante si tenemos luego en cuenta que por ejemplo Cataluña es capaz de captar el 50 por ciento de los fondos europeos de investigación”.
Propiedad de los centros sanitarios
Una de las grandes problemáticas que se señaló durante la mesa redonda es el hecho de que a pesar de que se hizo una transferencia de competencias al Instituto Catalán de la Salud (ICS), la titularidad de los centros continua en manos de la Seguridad Social. “Teniendo en cuenta lo que se ha invertido en estos centros, ya los hemos comprado varias veces. ¿Por qué entonces no se hace la transferencia de esta titularidad?”, señaló Fernández.
Montserrat Figuerola, gerente territorial del Área Metropolitana Sur del ICS aportó los datos que daban la razón a la intervención de la directora de DM. De esta forma, en el año 1989 se hace la primera y única valoración de los inmuebles en manos de la Seguridad Social y de los que el ICS tiene derecho de uso, siendo la cifra total de todos ellos 61 millones de euros. “Cuando se ha mirado el valor de todas las inversiones realizadas hasta la fecha nos encontramos que solo en obra civil ya hemos gastado 620 millones de euros. Un ejemplo que puede aclarar todo esto es el Hospital de Bellvitge, que en el año 89 se valoró en 8 millones de euros y en que el CatSalut ya ha invertido 142 millones de euros y el ICS otros 42”.
Retos del sistema
Marc Soler, director general corporativo del Colegio de Médicos de Barcelona y exsubdirector general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo apuntó la necesidad de un liderazgo fuerte al frente de este ministerio. “Cuando lo ha habido, los funcionarios han respondido y se han podido hacer cosas, pero es necesaria una dirección firme”.
Soler apuntó los grandes retos a los que se enfrenta la profesión sanitaria, como son el envejecimiento de los profesionales, la duplicación del número de jubilados y que hasta uno de cada cuatro profesionales se jubilara de aquí al 2025 o la llegada de profesionales extranjeros, que en el 2018 ya suponen el 43 por ciento de todos los que hay en Cataluña. También la cronicidad de muchas enfermedades plantea la necesidad de un trabajo en condiciones diferentes a las que hasta ahora se han dado. Todo esto sin olvidarnos de la disrupción tecnológica, que aumenta su ritmo de desarrollo en una progesión geométrica.
“A corto plazo deberíamos modificar los exámenes para homologar titulaciones de médicos extranjeros, que es algo que no se puede demorar más. También reconocer la formación especializada en enfermería. Y a medio plazo pasar de una evaluación de aptitudes a una de actitudes, potenciar las áreas de capacitación específica y teniendo en cuenta que la tecnología va más rápido que la legislación, establecer unas normas y principios básicos para trabajar”, concluyó Soler.
¿Y la salud pública?
Otro de los aspectos donde las políticas del Ministerio de Sanidad tienen especial trascendencia es el de la promoción de la salud pública. “Existen objetivos que deberían ser compartidos. Uno muy claro es el del calendario vacunal, un tema que me parece lamentable. Y es que cuando ya se había llegado a un acuerdo en el Consejo Interterritorial, por cuestiones políticas a los tres días una comunidad autónoma incorporó una nueva vacuna y se volvió a descuadrar todo”, empezó apuntando Joan Ramón Villalbí, jefe de calidad y procesos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad.
Villalbí continuó señalando como la tendencia en materia de regulación y protección de la salud pública está en alejar cada vez más el foco de decisiones, recayendo muchas de ellas ya en la Unión Europea. “Y es por una cuestión de eficacia. La autoridad regulatoria está emigrando hacia Bruselas cada vez más y me parece lo más lógico, ya que de esta forma hay menos presión local a la hora de tomar decisiones que pueden tener una trascendencia en la salud pública”.
También Villalbí consideró que el Ministerio de Sanidad podría tener una mayor incidencia en las políticas de promoción de la salud a través de un cambio en el sistema de financiación. “Esto es algo que ya pasó en Estados Unidos con Roosevelt. Hasta entonces eran los estados los que decidían estas políticas y a partir de entonces, aunque las competencias seguían siendo estatales, era el gobierno federal quien a través de programas de financiación finalistas ponía dinero en aquello que considera más adecuado”.
‘Mea culpa’ catalán
El espacio de debate sin embargo no centró toda la problemática en las decisiones que desde el Ministerio de Sanidad se toman, sino que también los asistentes realizaron un ejercicio de examen de conciencia reconociendo como muchas veces ha sido desde la propia Cataluña que no se han sabido tomar las decisiones adecuadas para hacer frente a muchas problemáticas previas y que por una cuestión de mantener el status quo se optó por copiar el modelo preexistente. Se perdió de esta forma la oportunidad de realizar un verdadero cambio.
“En lugar de presupuestarnos de la forma en la que queremos organizarnos, nos organizamos de la manera en la que nos presupuestamos. En Cataluña tenemos la potestad de hacer un presupuesto sanitario con otra estructura que responda a las necesidades de aquí, pero no lo estamos haciendo”, expuso Ruiz. “Hemos de hacer una mirada crítica de lo que ha pasado aquí. No hemos sido capaces de definir un sistema público de multiproveedores regido por el CatSalut, más por una cuestión de una batalla con el ICS por la gestión que por otra cosa”, concluyó Figuerola.
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