La Consejería de Salud de las Islas Baleares de la socialista Patricia Gómez se centró estos cuatro años en, asegura, recuperar los derechos de los usuarios y profesionales, anulados en la legislatura anterior, así como en cambiar el modelo asistencial para atender a una población cada vez con más edad y enfermedades más crónicas, reforzando los recursos destinados a la salud mental e impulsando la investigación. Todo esto, pensando en asegurar la sostenibilidad y solvencia del sistema.
La primera medida que se tomó fue la recuperación de la sanidad universal en Baleares, permitiendo que más de 18.000 personas en situación irregular recuperaran el derecho a recibir asistencia sanitaria completa y gratuita. También destacan desde la consejería el esfuerzo por eliminar los copagos, eliminando el de emisión y renovación de la tarjeta sanitaria, el copago farmacéutico a pensionistas y jubilados y volviendo a asumir el coste de algunos tratamientos, como el de la ortodoncia en niños con fisura palatina.
Destaca también el esfuerzo para acercar los servicios sanitarios a los ciudadanos, para que las condiciones geográficas no sean un obstáculo. Así se incorporó el servició de avión ambulancia 24 horas en Menorca o se recuperó el servicio de ambulancias, ahora totalmente público y con una flota de más de 100 ambulancias nuevas. También se incorporaron nuevos servicios en los hospitales públicos de Menorca, Ibiza y Formentera a Mallorca para evitar desplazamientos.
La creación de una Facultad de Medicina, la contratación de 1.000 profesionales que habían sido despedidos con anterioridad y la transformación de otros 1.000 contratos eventuales en interinos y la recuperación de los hospitales de Son Dureta, Verge del Toro y del edificio J del Hospital de Can Misses completan su labor en esta legislatura.
¿Y la oposición?
Desde el PP consideran que, a pesar de contar con un mayor presupuesto en sanidad, la legislatura se ha perdido. Denuncian la falta de médicos, que consideran que se agravará con la exigencia del catalán.
También que, a pesar de destinar 14 millones de euros anuales, no se han rebajado lo suficiente las listas de espera, destacando cómo el Gobierno puso en marcha una iniciativa del PP, el decreto de garantía, para lograrlo.
En líneas similares se mueve la valoración de Ciudadanos, que considera como el principal fracaso la incapacidad de cubrir la falta de personal sanitario en plazas presupuestadas que tras cuatro años siguen vacantes, lo que genera una gran presión asistencial al resto de profesionales. Coinciden con el PP en señalar que la exigencia del catalán agravará este problema. Además, denuncian lo que consideran una gran opacidad en la gestión sanitaria y también afean a la consejería los anuncios del inicio de obras importantes que se han quedado en promesas incumplidas.
Menos crítica se mostró Antonia Martín, de Podemos, quien apunta que ha sido en general una buena legislatura, sobre todo tras los grandes recortes sufridos durante el anterior mandato del PP y que terminó con el despido de más de 1.400 profesionales sanitarios. Señala como asignaturas pendientes la puesta en marcha de infraestructuras muy necesarias y el desarrollo del Plan de Salud Mental.
Desde Més per Mallorca, Miquel Gallardo considera razonable la contención de las listas de espera, pero apunta como necesario un mayor esfuerzo en hacerlas transparentes.
Por su parte, Patricia Font, de Més per Menorca, valora los esfuerzos para mejorar el acceso equitativo al sistema sanitario y piensa que sería necesario un mayor esfuerzo para conseguir la llegada de profesionales, para lo que se debería de revisar el complemento de insularidad.
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