Tras unas elecciones generales en que las políticas de sanidad y salud pública han ocupado espacio relevante en programas y mítines, y a la vista de unas autonómicas en las que realmente se maneja el futuro de los servicios de salud regionales, los comicios europeos no se consideran lugar para debatir de salud… y no por falta de competencias y retos.
Al menos, eso es lo que se desprende de los programas electorales que los principales partidos nacionales proponen para definir el trabajo futuro del Parlamento Europeo: PSOE y PP, apenas dedican unas líneas a la salud; Podemos, aunque sí recoge algunas propuestas en la materia, la mayoría de ellas escapan de las competencias de la Unión. Y, por último, Ciudadanos, al cierre de esta edición, a poco más de una semana de las urnas, aún no ha presentado su programa europeo.
Así, el PP habla de salud en referencia al cambio climático, planteando promover “la colaboración con el sector privado para avanzar en materia de hábitos saludables y el desarrollo de tecnologías que reduzcan el impacto en la salud y el medio ambiente” de este fenómeno.
Algo más de espacio, aunque poco específico, dedica a la investigación y la innovación.
En este sentido, los populares plantean proponer “un aumento del presupuesto de la UE para investigación e innovación y una dotación próxima a los 120.000 millones de euros para el sucesor del Horizonte 2020 entre 2021 y 2027”.
Asimismo, apoyará que este programa marco de investigación “siga contando con un instrumento específico de 2.500 millones de euros para innovación en pequeñas y medianas empresas”, y promoverá “la creación de clusters empresariales y viveros de empresas con fondos europeos para fomentar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento del I+D+i en nuestro país”.
Habla de la agenda digital, pero sin especificar en qué ámbito promete impulsar “las mejores condiciones para desarrollar en la Unión Europea el big data y la inteligencia artificial”.
Más magro aún es el programa sanitario del PSOE, que se limita a recordar en un anexo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) a los que se comprometieron todos los países en la Asamblea General de Naciones Unidas, siendo uno de ellos “garantizar salud y bienestar para todos los ciudadanos, independientemente de su país de origen o de procedencia”.
En la misma línea de los ODS, afirma el PSOE que es necesario “retomar las iniciativas de la UE orientadas a superar el PIB como principal indicador del éxito económico, complementándolo con otros indicadores sobre la evolución de las desigualdades y de la inclusión social, sobre la salud, la educación, la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la biodiversidad”.
Propuestas poco viables
Por contra, Podemos se extiende algo más en sus propuestas sanitarias… aunque la mayoría quedan fuera de las competencias de la UE. Así, plantea que “la Unión garantizará el derecho a la salud y a un modelo de asistencia sanitaria público, de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introducen barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquiera de los países de la Unión”.
En la misma línea, pide el “fin de la privatización de la sanidad. Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario, apoyando la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios”.
Asimismo quiere que la UE promueva “un marco normativo que obligue a los Estados a destinar al menos un 20 % de su PIB a inversión social, del que un mínimo del 5,6 % del PIB corresponderá a educación y un 7,5 % a sanidad”.
Pide también “despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales”, y que los Estados “garanticen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental”.
Más cerca de lo posible en el marco europeo se encuentra la petición de una farmacia pública europea: “Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos. También se fomentará la compra de medicamentos a escala europea para evitar que el actual esquema de venta separada permita a las grandes farmaceúticas encarecer el precio de los medicamentos”.
Desde un punto de vista más social, el programa de la formación morada pedirá que la UE impulse “la lucha contra la discriminación que sufre la población con VIH, ampliando los programas que combaten la estigmatización social, la discriminación y el desconocimiento. También se promoverán políticas eficaces y una inversión en I+D suficiente para desarrollar una vacuna eficaz, de carácter preventivo y asequible”, y el apoyo a las personas con diversidad funcional creando “un Fondo Europeo para la Accesibilidad Universal y apoyo a los Estados con el objetivo de que incrementen y agilicen las prestaciones para material ortoprotésico”.
En cuanto a la investigación, sin especificar ámbito, Podemos quiere “cuidar a quienes innovan”, creando “una carrera académica estable de ámbito europeo, con criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que una mayoría amplia de las personas que inician una carrera científica y quieran continuar puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior”.
Por último, impulsarán una transición “hacia la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación”.
Farmacia, I+D y ‘big data’ coparán la agenda de la UE
Llaman la atención las escasas menciones a asuntos sanitarios en los programas electorales considerando la relevancia de los asuntos que la UE tiene pendientes en materia sanitaria. También es llamativo que, “según el Eurobarómetro, la salud es la principal preocupación de los ciudadanos europeos y piden a la UE que intervenga más”, según explica a Diario Médico Soledad Cabezón, europarlamentaria con el Partido Socialista durante la última legislatura.
Soledad Cabezón, médico y europarlamentaria en la legislatura que termina.
A su juicio, lo primero que habrá que ver en la que ahora comienza es “qué carácter marca la composición de la Comisión Europea, que ya hace cuatro años planteó trasladar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la Dirección General de Industria, dando una visión muy economicista y encontrando gran oposición en el Parlamento, y ahora se rumorea que incluso podría desaparecer la Dirección General de Salud”.
De hecho, es la política farmacéutica la principal asignatura pendiente de las instituciones europeas: “Ya hemos abierto el melón de la evaluación de nuevos medicamentos y el debate continuará. Hay mucho que hablar sobre derecho de acceso y precios, pero es necesario que el Consejo Europeo lo desbloquee, algo difícil con la oposición de Alemania, que tiene muchos intereses en ese ámbito”.
En este sentido, Cabezón cita una petición de Italia a la OMS, apoyada por España, para “conocer los costes reales de los nuevos medicamentos”.
También queda pendiente de debatir los incentivos a la investigación y la propiedad intelectual, con el objetivo de “permitir la producción, venta y exportación de medicamentos genéricos desde el primer día en que expira la patente”, y regular un sistema de sanciones para los casos de desabastecimiento.
Con respecto a los fármacos huérfanos, está abierto el debate de si “la creciente introducción de medicamentos oncológicos supone la búsqueda de un nuevo mercado o si realmente se trata de apoyar el tratamiento de las enfermedades raras”.
En lo que concierne a la investigación, explica Cabezón que “se pretende que los proyectos que se enmarquen en el Programa Marco Horizonte Europa, financiados con fondos públicos, se evalúen no solo en términos económicos, sino también desde el punto de vista de cómo influye la investigación al ciudadano, prestando especial atención, a propuesta de España, al ámbito de la salud”. Existe un proyecto piloto en la UE que “definirá los indicadores que permitirán medir ese impacto en salud”.
En cuanto a tecnología, queda a la espera una iniciativa legislativa sobre big data y salud para “lograr que lo que se obtenga de la explotación de los datos revierta en la ciudadanía”.
Por último, la UE tiene por delante “desarrollar medidas concretas del plan contra las resistencias antimicrobianas” y revisar la regulación sobre la homeopatía. No es poco.
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