Hablar del baremo sanitario a estas alturas suena al cuento de Juan y el lobo. El fiero animal nunca llega, aunque el niño lo anuncie de manera incansable. La gran diferencia es que el baremo no es visto como el lobo en el sector sanitario médico, muy al contrario, es su esperanza. ¿Por qué? En primer lugar, porque pondría un poco de orden en las indemnizaciones por malas praxis, es decir, para dar seguridad jurídica, “una justa indemnización y una sostenibilidad del sistema”.
Ángel Guirado, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
En esa idea coincidieron todos los expertos reunidos en la mesa-taller que la compañía Agrupación Mutual Médica (AMA) organizó dentro de la XXVI edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebró del 17 al 19 de octubre en Madrid.
Ángel Luis Guirao, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, fue el representante del Ministerio de Sanidad encargado de explicar el momento en el que se encuentra este proyecto legislativo tan aplazado.
En primer lugar, señaló lo evidente y es que en el momento actual, con un gobierno en funciones, no se puede empezar la tramitación de un proyecto de ley. El técnico de la Administración, que acumula una gran experiencia en estas cuestiones, celebró el trabajo elaborado por el grupo de expertos del baremo, compuesto por profesionales del sector nombrados cuando Dolors Montserrat ocupaba la cartera del Ministerio de Sanidad.
Sobre el documento del anteproyecto de ley hay una obligación de confidencialidad, que frenó a Guirao a entrar en los detalles del texto. Aun así, apuntó que se trata de una norma con nueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, otra derogatoria y tres disposiciones finales. “Las tablas de indemnización están terminadas a falta de su valoración por parte de la comunidad científica que debe dar el visto bueno”, aseguró y destacó “la calidad” del trabajo con el que se ha encontrado.
“El baremo de tráfico es vinculante y el sanitario también debería serlo para que exista una certidumbre”
Más importante que la estructura del anteproyecto, Guirao arrojó luz sobre el tipo de baremo que tiene en la cabeza, y en el papel, el equipo actual de ministerio de Sanidad. En primer lugar, será un baremo vinculante, es decir, obligatorio de seguir cuando hay que fijar compensaciones por condenas sanitarias o en los acuerdo extrajudiciales que se alcancen en este ámbito. Guirao razonó que “si el baremo de tráfico es vinculante y está funcionando, entonces el sanitario debería ser también vinculante, para que exista una certidumbre sobre lo que puede ocurrir ante un daño no deseado”.
Además, recordó el carácter “complementario de estas tablas”; su lectura hay que verla a la luz del baremo más completo, que es el de tráfico. La última revisión de la norma de tráfico se recoge en la Ley 35/2015, que en su disposición adicional tercera establece la necesidad de realizar un baremo indemnizador de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria. En la norma se establece que “el sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizador de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”.
“Me gustaría saber qué y quién impide que haya un baremo de daños sanitarios”
Con el anteproyecto actual, según el experto, “se cumple sobradamente con el deseo de seguridad jurídica, la igualdad en las indemnizaciones, evitar incertidumbre y arbitrariedad, y reparar el daño como tal. Teniendo en cuenta además su dimensión moral, física y patrimonial”.
Un trabajo “casi terminado”
Pero, ¿está terminada la baremación? “Las tablas de indemnización están terminadas a falta de su valoración por parte de la comunidad científica que debe dar el visto bueno”, aseguró.
Aunque el anteproyecto ha sido presentado en el Consejo Interterritorial, “las comunidades autónomas tienen que pronunciarse porque, al fin y al cabo, van a ser responsables de hacer frente a las indemnizaciones”.
La mesa de AMA, en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Junto al representante del Ministerio de Sanidad, en la mesa de AMA estuvieron José Carlos López Martínez, magistrado letrado del Gabinete técnico de la Sala Civil del Tribunal Supremo; Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España; César Tolosa Tribiño, magistrado de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo, y Raquel Murillo Solís, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de AMA, que actuó de moderadora.
Serafín Romero hizo una defensa cerrada de la necesidad de esta ley, “como un problema prioritario de salud pública”. Recordó que la historia del baremo sanitario “es la historia de este Congreso”, pues de este tema se lleva hablando años y años.
El representante de los médicos aclaró que no se puede considerar igual el daño derivado de un accidente de tráfico del producido en una intervención médica cuyo fin principal es el de sanar. Se refirió a los médicos como las segundas víctimas que deja la litigiosidad en el ámbito sanitario, para terminar diciendo: “Me gustaría saber qué y quién impide que haya un baremo de daños sanitarios”. Bueno, el lobo del cuento algún día llegará.
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