La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia ha remitido una propuesta de requerimiento a la Consejería de Sanidad para que debata con los sindicatos el estado de las urgencias de atención primaria (AP).
Concretamente, Inspección ha instado al departamento de lidera Ana Barceló que debata en la mesa técnica sectorial el Plan Remot (presentado en abril de 2018 con el objetivo de mejorar la atención de las emergencias en las zonas rurales remotas a partir de tres pilares: formación, dotación de equipamiento y coordinación con el Centro de Información y Coordinación de las Urgencias (CICU)- y las novedades en el cumplimiento del acuerdo en materia de mejora de primaria, concretamente la adquisición de vehículos para los funcionarios que prestan dicho servicio.
Según informa el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), el escrito describe que en una reunión mantenida el pasado mes de julio entre Consejería de Sanidad y el sindicato SATSE “se expone la problemática sobre el Plan Remot, destinado a la atención primaria urgente en zonas rurales, y la previsión del cumplimiento sobre la dotación de medios humanos y organizativos en materia de atención primaria”.
A ello se suma la propia denuncia presentada por el sindicato médico y otros requerimientos de la propia Inspección para analizar la situación en el primer nivel asistencial. CESM apunta que Inspección resalta dos irregularidades detectadas. La primera, que Sanidad “no ha dado cuenta a la mesa sector del Plan Remot para su debate con los representantes de personal”; y la segunda, que “no ha trasladado a la representación de personal de los avances en el cumplimiento del plan suscrito en cuanto a la adquisición de vehículos para atención primaria”.
Por ello, insta al departamento dirigido por Barceló a proporcionar la información necesaria “para permitir la participación de los trabajadores” y, para ello, da un mes de plazo. Desde fuentes del Comité Ejecutivo de CESM-CV se ha solicitado una “solución inmediata a este acuciante problema que lleva un año sin resolverse”. DM se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad para obtener alguna valoración, pero no se ha recibido respuesta al cierre de la noticia.
Más peticiones
Como ya ha informado DM, el tema del transporte de los profesionales en urgencias de AP lleva más de un año sobre la mesa. En el mismo tono reivindicativo, CSI-F ha denunciado ante la Mesa Sectorial de Seguridad y Salud de Consejería de Sanidad, “la imposición de utilizar vehículos no medicalizados y sin conductor al personal sanitario de los puntos de atención continuada”.
La central sindical ha exigido en este órgano de negociación “que sean los propios conductores existentes en la Consejería quienes movilicen exclusivamente estos vehículos”. La central ha presentado un informe en el que afirma que “desde el punto de vista de la salud laboral, resulta del todo incompatible la situación de ejercer la función asignada como personal sanitario de atención continuada con la de conducir vehículos de forma permanente durante el desempeño de su trabajo en su jornada laboral habitual”. CSI-F, el único sindicato de la mesa sectorial que no firmó el acuerdo de septiembre de 2018, ha anunciado que incluso “contempla acciones judiciales si Sanidad no dota a estos vehículos de conductor”.
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