En primer lugar y como condición sine qua non es que el profesional sanitario quiera hacerlo, es decir, quiera denunciar una situación de exclusión sanitaria. Partiendo de esa premisa, el colectivo Yo sí, sanidad universal ha elaborado una guía para que el sanitario, fundamentalmente de Atención Primaria, detecte y denuncie los casos de personas que no han recibido una atención sanitaria.
El colectivo pide a los sanitarios que sean parte activa en la denuncia de esta situación, averiguando cuánta gente se ha dado de baja del cupo y cuál ha sido el motivo; notificando a los responsables sanitarios del centro o del hospital los casos de exclusión que conozcan y las implicaciones en la salud colectiva que puede tener dejar sin atención a esas personas. Tienen un hashtag, #LaLlamanUniversalYNoLoEs para difundir las situaciones de exclusión. Además, alentan a los profesionales a que pongan en conocimiento estos casos en los colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas.
Por último, Yo sí, sanidad universal insta a los facultativos a completar el registro de objetores de la SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). El citado registro recoge objetar al Real Decreto 16/2012, la norma que eliminó la asistencia sanitaria tal y como se conocía hasta ese momento, pero que, posteriormente, fue matizada por el RDL 7/2018, que con carácter de urgencia aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, para volver a la sanidad universal.
Un debate muy vivo
Pero, ¿se ha vuelto a la sanidad universal? El debate se abrió con contundencia el pasado julio, cuando la norma del Gobierno de Sánchez cumplió un año de vigencia. Yo Sí, Sanidad Universal, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER) y Amnistía Internacional celebraron el aniversario con una manifestación frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid. Denunciaron el caso de 1.300 de personas que no había recibido asistencia sanitaria en España, poniendo así en evidencia que no existía esa universalización de un derecho, por más que el Gobierno repitiera lo contrario.
Hace una semana, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, elaboró un listado de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas de Galicia y Madrid para que atendieran a los colectivos excluidos de esta atención. En el caso de Galicia y Madrid, el Defensor les pidió que hicieran una interpretación menos restrictiva de lo que recoge el RDL 7/2018. El problema identificado por la Institución es que falta un reglamento que detalle el procedimiento para aplicar el RDL 7/2018 y, por tanto, queda a criterio de cada comunidad la última aplicación de la norma.
Así las cosas, en la rueda de prensa ofrecida por Yo sí, sanidad universal se difundió un documento con casos reales, de personas que habían acudido a esta ONG por haber quedado excluidos de la atención médica. El informe denuncia “la expulsión del sistema sanitario de los
ascendientes reagrupados, madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como
familiares de sus hijos españoles”. Según este colectivo, “no se tiene en consideración si tienen una enfermedad grave, si no pueden acceder a un seguro privado, o pagarse los tratamientos. Ni siquiera se les reconoce el derecho a la atención en situaciones de urgencia”.
También alertan sobre exclusiones a “menores, embarazadas, personas en estancia temporal con situación de necesidad o solicitantes de protección internacional”. Este colectivo dedica una especial atención a hablar de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid donde, según denuncian, “no sólo no ha adaptado la normativa autonómica ni informado a la población y a los profesionales, sino que además ha realizado bajas masivas de personas que tenían reconocido el derecho a la asistencia, sin previo aviso, y desinformando sobre los cauces para su renovación”.
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