El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron ayer lunes, 30 de diciembre, el acuerdo de coalición progresista entre socialistas y UP para la formación del próximo Ejecutivo nacional. El acto tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en presencia de dirigentes de ambas formaciones y de cargos del Gobierno en funciones.
En sus palabras, Pedro Sánchez agradeció a los subalternos de ambos partidos que han negociado este acuerdo de 50 páginas –María Jesús Montero, Adriana Lastra, Pablo Echenique, entre otros- “su generosidad y enorme dosis de responsabilidad” a la hora de pactar unas medidas “en defensa del interés social y frente a la desigualdad”. Insistió en la idea de progreso como faro que alumbrará su política y en la que brillan los reclamos tradicionales de la izquierda: pensiones dignas, creación de empleo, igualdad de la mujer, transición ecológica.
En el documento de su preacuerdo y enmarcadas en el capítulo “Derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación”, figuran, entre las medidas sanitarias, la derogación progresiva de los copagos, la incorporación de la salud bucodental a la sanidad pública y garantizar la sanidad universal, medidas recogidas en el programa electoral del Partido Socialista de las elecciones de abril y noviembre. Su intención es ‘blindar’ la sanidad pública, “alcanzando una inversión propia de otros Estados de la zona euro, hasta lograr el 7% del PIB en 2023”. Respecto a los copagos sanitarios, se establece la eliminación progresiva de los introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, “empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, y garantizando que no se introduzcan otros nuevos “que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos”.
También se disponen modificaciones normativas, legales y reglamentarias para garantizar el derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Así, el real decreto-ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue el real decreto-ley 16/2012. La finalidad es “garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria”, para que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria por un problema burocrático. Pretende además extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española, y “garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en España a los ciudadanos españoles que residen fuera y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida”.
Fuera gestión privada
Otra de sus obsesiones es una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello, prometen revisar la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos “que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. A tal fin, designarán una comisión integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de seis meses.
La lista de deseos sanitarios se completa con el impulso de la digitalización sanitaria y la renovación de la tecnología “para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento” con “tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada”; la transparencia en la fijación de precios; el desarrollo del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, con medidas a corto plazo que resuelvan “el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural”; un sistema de atención temprana; la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, la actualización de la Estrategia de Salud Mental, enfocada en especial a la prevención de la conducta suicida; agilizar “el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad” e “impulsar un programa de retorno de los profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España”. Anuncian por otro lado un aumento en los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y, dentro de la derogación de la reforma laboral, la retirada urgente de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
En cuanto a los servicios sociales, “garantizaremos una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada que potencie la intervención comunitaria través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas”. Además, “mejoraremos la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera… con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%”; y aumentarán las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. “La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012”.
Proponen asimismo, “una maternidad libremente decidida”; negativa a los vientres de alquiler; acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, equiparar por ley los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles; “una modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción” y la reducción “del impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía”.
Más inversión en Ciencia
En su “compromiso de Estado con la ciencia y la inversión en I+D+i”, el preacuerdo de Gobierno incluye “aumentar la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado.. y el peso de las partidas destinadas a inversión directa respecto al peso relativo de los créditos”; facilitar “la contratación de personal en los centros de investigación públicos en las convocatorias para la contratación de doctores e investigadores, aumentando las partidas dedicadas a contratos predoctorales y postdoctorales, mejorando la carrera docente en el sistema universitario español, y reduciendo la temporalidad del profesorado e investigadores”; aumentar “las becas predoctorales y los contratos postdoctorales en el próximo año, incrementando los contratos de investigadores de forma progresiva y en etapas imprescindibles para el sistema de ciencia”; continuar en la equiparación de derechos del personal investigador predoctoral, y aprobación del Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades, con un modelo profesional, transparente y basado en el mérito y la capacidad.
Junto a ello continuarán con la estabilización a través de la Oferta Pública de Empleo y desarrollarán “la Ley de Ciencia 14/2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los Organismos Públicos de Investigación, el funcionamiento de las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRIS), el impulso a la investigación aplicada, y complementando la evaluación del desempeño con un sexenio de transferencia de conocimiento que incorpore la aplicación de las investigaciones, las patentes o la participación en proyectos de cooperación. Se revisarán las reglas financieras aplicables a la actividad investigadora”.
Prometen también una regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía y la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, y de una Ley de Bienestar Animal.
No olvida agitar el documento otra de las banderas progresistas: “Derecho a muerte digna y regulación de la eutanasia. Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello, impulsaremos una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”.
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