El ‘caso amianto’ en el Metro de Madrid, por el que hay imputados siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos de la empresa por presuntamente ocultar a los trabajadores el riesgo que corrían después de que cuatro fuesen diagnosticados de asbestosis y dos de ellos hubiesen fallecido, nos recuerda que el problema de salud pública –no sólo de salud laboral- sigue ahí.
Además, la Audiencia de Madrid impuso recientemente la indemnización más alta hasta la fecha en España para resarcir a los afectados por exposición al amianto a la empresa Uralita de Cerdanyola del Vallés, en Barcelona: 3,5 millones de euros a 14 personas, todas víctimas de la exposición doméstica (familiares que lavaban ropa de trabajadores de la empresa) o ambiental (vecinos de la fábrica, considerada el kilómetro cero de este problema en España).
Hay que recordar que la relación del amianto con el cáncer de pulmón, el mesotelioma y la asbestosis (fibrosis pulmonar); la placas, engrosamientos y derrames pleurales, y el cáncer de laringe y otros tumores está bien establecida.
El amianto se prohibió en España a partir de 2002 pero se calcula que seguirá causando muertes hasta el 2040, tras su uso masivo en la construcción entre 1960-1990. Ni se sabe cuántos edificios privados –muchos de viviendas- y públicos –algunos escuelas- contienen ese material en paredes, cubiertas y conducciones. Se estima, porque no hay registros, que podría haber 2,6 toneladas de amianto instaladas por toda España y entre 60.000 y 200.000 personas afectadas, una horquilla que va de datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a sindicales. Entre 2007-2011 murieron por esta causa 1.297 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Gobierno catalán acaba de tomar cartas en el asunto, en el que ya han venido interviniendo ayuntamientos y diputaciones provinciales: esta semana ha constituido la Comisión para la Erradicación del Amianto de Cataluña (CEAC), que tiene como objeto eliminar totalmente esta sustancia en la comunidad autónoma en 2032, de acuerdo con el plazo máximo establecido por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) de la Unión Europea. Para lograrlo hay que movilizar múltiples ámbitos: la salud pública, la salud laboral, residuos, empresas, infraestructuras, equipamientos públicos y privados, medio ambiente, suministros, transportes, etc.
A la primera reunión asistió Miguel Moreno, representante del Grupo de Jubilados Macosa-Alstom afectados por el amianto, asociación que recogió 10.000 firmas de apoyo a un manifiesto que pedía que las administraciones actuaran.
“La Comisión ha decidido que es necesario abordar medidas de carácter urgente que no pueden esperar a la aprobación del Plan Nacional y que permitan actuaciones a corto y medio plazo”, ha informado la Generalitat.
Hay que tener presente, además, que la uralita está siendo retirada y abandonada a menudo de cualquier manera en lugares apartados y sin control, debido al elevado coste de su gestión o, simplemente, por ignorancia.
Esperemos que Gobierno central y resto de gobiernos autonómicos expresen pronto qué piensan hacer al respecto. Se sabe bien cuál es el problema, se sabe bien cómo erradicarlo pero, sin voluntad política y recursos, difícilmente se solucionará. Y este no es un problema más: la salud y la vida de muchas personas está en juego.
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