El Gobierno catalán, que preside Quim Torra, ha aprobado hoy la creación de dos empresas públicas, adscritas a la Generalitat a través del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), para asumir el gobierno y la gestión de los hospitales Sant Joan de Reus y Mora de Ebro, actualmente en manos el grupo Sagessa, del que son titulares el Ayuntamiento de Reus y los consejos comarcales del Baix Camp, la Ribera de Ebro, Baix Ebre, Priorat, Terra Alta y Montsià, todos en Tarragona. Este grupo también gestiona, entre otros centros sanitarios, sociales y educativos, el Hospital de la Santa Cruz de Tortosa y el Hospital Comarcal de Amposta.
“Con esta decisión, la Generalitat fortalece la viabilidad de estos centros, que hasta ahora han sido gestionados por titularidades municipales, pero que necesitaban más robustez para afrontar los retos de futuro del sistema sanitario público. Estos acuerdos cuentan con el visto bueno de ambas partes: el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Reus, que gestionaba los centros de Reus y Móra”, ha informado el Ejecutivo autonómico.
En 2017 el entonces consejero Antoni Comín anunció la creación de una entidad pública conjunta entre el CatSalut y el Ayuntamiento de Reus para gobernar y gestionar el hospital. Con ella la titularidad de la Generalitat sería de un 55 por ciento y la del consistorio, del 45 por ciento restante. El Gobierno de Torra, del que es consejera de Salud Alba Vergés, ha renunciado a esa fórmula de consorcio público para optar finalmente por seguir creando empresas públicas como otras sanitarias que ya hay bajo el paraguas del CatSalut, entre ellas el propio Instituto Catalán de la Salud.
Hay que recordar que el grupo Sagessa, dentro del cual está el Hospital Sant Joan, está en el epicentro de la macrocausa Innova por presunta corrupción, por la que hay imputados dos exdirectores del CatSalut.
Nueva prórroga presupuestaria en Cataluña
Por otro lado, el Gobierno catalán también ha aprobado hoy el decreto que establece los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de 2017 para 2020, los cuales estarán vigentes desde del próximo 1 de enero hasta la aprobación y la publicación de las cuentas para 2020, si es que es posible, dado el complejo panorama político de la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado jueves al presidente de la Generalitat a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. “El decreto de prórroga permite garantizar el funcionamiento de la administración y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía mientras no se apruebe el nuevo presupuesto”, asegura el Ejecutivo autonómico.
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