La Atención primaria valenciana, como ocurre en el resto de España, se encuentra en un momento de debate y movilizaciones reivindicativas. En este escenario, la Federación de Sanidad de CCOO, en colaboración con la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfyc) y la Associació Valenciana d’Infermeria Familiar i Comunitària (AVaIFiC), ha elaborado una “propuesta integral” para la mejora de la atención primaria y comunitaria “dentro del marco de la sanidad pública y la gestión directa”.
El documento, presentado a la consejera de Sanidad, Ana Barceló, los grupos parlamentarios y el Consejo de Salud autonómico, está estructurado en tres bloques. En el primero, mejora de la financiación, se reclama incrementar progresivamente el presupuesto hasta alcanzar el 25% del gasto sanitario. Además, se apuesta por una mayor autonomía de gestión de los centros de salud y equipos de atención primaria (EAP), “garantizando la gestión directa dentro del sistema sanitario público (por ejemplo gestión flexible de las agendas de los EAP)”.
A nivel de mejora en la dotación de recursos humanos y medios suficientes y en la estabilidad de las plantillas, se pide “dimensionar correctamente la plantilla de todas las categorías presentes en atención primaria y garantizar la cobertura de las ausencias previsibles al 100%“, además de una definición de ratios del conjunto de profesionales de los EAP y la reconversión de los nombramientos de atención continuada en puestos estructurales en el ámbito de primaria. También se incluye “incrementar la oferta formativa especializada, EIR y MIR, adaptando de manera paralela las unidades docentes, las plazas acreditadas y mejorando la dotación de tutores acreditados para ello”, entre otras medidas.
La propuesta incluye mejoras en la financiación, en la dotación de recursos humanos y en el capítulo de gestión
En el ámbito de las mejoras organizativas y de gestión, se incide en una mejora de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, la creación de la figura profesional responsable de la coordinación de programas entre primaria y Salud Pública, y reducir las cargas administrativas del personal sanitario del primer nivel . Asimismo, se apuesta por la elaboración de una plan de atención integral a la urgencia extrahospitalaria, “en el que se mejore la coordinación de los recursos y dispositivos sanitarios disponibles”, y poner en valor los programas de primaria (como el de atención domiciliaria, anciano frágil…).
El documento también contempla una mejora de los sistemas de información que sirva para la autoevaluación y seguimiento de la cartera de servicios y el contrato de gestión por parte de las personas que forman parte del EAP, y una información accesible al personal sanitario del EAP sobre los tiempos de espera, además de mejora de las condiciones laborales, retributivas y de reconocimiento y prestigio social.
Reivindicaciones
Este documento se suma a otras iniciativas, como el decálogo elaborado hace unos meses por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), y que ayer recordó ante la convocatoria del próximo jueves. Entre las medidas contempladas en ese documento, destacan la necesidad de un presupuesto finalista correspondiente al 25% del total consignado a Sanidad, cupos de 1.300 pacientes para los médicos de Familia y 900 para pediatras, y tiempos adecuados para la atención a pacientes.
Asimismo, se apuesta por la creación de una Dirección General de Atención Primaria para mejorar la coordinación de este nivel, de la cual dependerían directamente las direcciones de primaria. También se exige que se garantice que la atención urgente o no demorable no interfiera en la actividad programada y, para ello, “se deberán habilitar dispositivos de urgencias extrahospitalarias las 24 horas, o integrar a los facultativos de atención continuada en los EAP, para que asuman la demanda no programada”. Desde la central se insiste en la importancia de que “Emergencias nunca interrumpirá la actividad programada del médico o pediatra de primaria”. Para mejorar la organización, incide en la necesidad de una “reducción real de la burocracia en consulta”
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