Este lunes 1 de abril se cumple un año de la reversión hacia la gestión directa del Departamento de Salud de la Ribera (Valencia), uno de los principales compromisos del gobierno que surgió de las últimas elecciones autonómicas (PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos). A la hora del balance, los diversos actores implicados parece que han visto una “película distinta”: desde el optimismo y el éxito más evidente…al fracaso y errores históricos. A tenor de los resultados, se avala una doble visión, un vaso medio lleno o medio vacío, porque existen datos de actividad, inversión y contratación que han mejorado, pero también otros que han disminuido, sin olvidar los problemas judiciales y las protestas de los trabajadores por sus condiciones laborales y jornadas de trabajo.
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Inversiones de urgencia y mejora de indicadores
Con los datos de Sanidad con motivo de los nueve meses de la reversión, la consejera Ana Barceló se muestra tajante: “Ha estado marcada, claramente, por un signo positivo: más inversión, más profesionales, más servicios y más actividad”.
En esta línea, desde el Hospital de la Ribera se insiste en que el balance es muy positivo y a ello contribuye que, aunque fue un proceso largo, estuvo muy bien planificado y realizado con mucha previsión. Durante esos meses de gestión pública directa, Sanidad invirtió más de 7,8 millones de euros en la adquisición de equipos y en la adecuación y mejora de infraestructuras sanitarias y, además, “se ha tenido que asumir una serie de inversiones de urgencia, con el fin de paliar graves deficiencias heredadas de la anterior gestión y que solo hemos conocido tras la vuelta a la gestión pública directa”, según Barceló.
Tecnología y personal
Así, entre las inversiones anunciadas, ya se había procedido a la adquisición de un nuevo acelerador Lineal, un equipo de PET-TC, 3 equipos de radiología digital y 2 ecógrafos, entre otras medidas.. Por lo que se refiere a los profesionales, se habían incorporado ya 452 (entre ellos, 65 especialistas médicos, 12 facultativos de atención primaria, y cinco pediatras), lo cual permitía “mejorar y humanizar la atención de los pacientes y las condiciones de los trabajadores de servicios tan sensibles como las urgencias del hospital, quirófanos o la unidad de cuidados intensivos”.
“Hay datos de actividad, inversión y contratación que mejoran, pero otros disminuyen, y existen problemas judiciales y protestas profesionales
A esta cifra había que añadir 18 médicos y 16 enfermeros incorporados para potenciar los servicios de Urgencias de Atención Primaria (PAC). Con este mismo objetivo, el Departamento ha incrementado el número de especialidades en la cartera de servicios de varios centros de salud de la comarca y se ha aumentado el número de servicios que el hospital presta a los pacientes en su propio domicilio, con la incorporación de la rehabilitación domiciliaria y la atención psiquiátrica domiciliaria.
Del mismo modo, y tal y como se anunció antes de la reversión, la cartera de servicios se ha incrementado con la creación del servicio de Cirugía Pediátrica, que antes se cubría mediante un contrato mercantil, y se han mantenido el resto de las 50 especialidades con que ya contaba el hospital.
Según se apunta desde el Hospital de la Ribera, gracias al trabajo llevado a cabo por los profesionales tanto laborales como estatutarios, se ha podido no solo mantener sino incrementar la actividad de todo el Departamento de Salud.
Con los datos de Sanidad, desde el pasado 1 de abril y hasta final del año 2018, el hospital ha realizado 16.289 intervenciones quirúrgicas (633 operaciones más que durante el mismo periodo del año anterior) y en 2018 se ha reducido la lista de espera quirúrgica en 869 pacientes, con una demora media de 63 día. Se han atendido 378.768 consultas con el especialista (9.650 consultas más que entre abril y diciembre de 2017) y se han realizado 175.568 pruebas de Radiodiagnóstico (7.569 más que el año anterior).
Expectativas incumplidas: ¿un fracaso anunciado?
El Comité de empresa del personal laboral del Departamento de la Ribera (CSIF, CCOO, Cemsatse, Simap, UGT y USAE) lo valora de forma negativa porque “las expectativas que en un primer momento tenían los trabajadores respecto de la mejora de sus condiciones laborales se convirtieron rápidamente en escepticismo y luego en decepción”.
Ese incumplimiento se ve “con absoluta claridad en lo relativo a la jornada de trabajo: seguimos manteniendo diferencias enormes con el resto de personal de la Consejería, e incluso en primaria hemos empeorado, teniendo diferencias de hasta 120 horas/año entre trabajadores que realizan las mismas funciones”.
“La consejería defiende su previsión y admite que se han hecho actuaciones de urgencia, mientras que Ribera Salud habla de “decepción”
Otro de los aspectos negativos es la parálisis en la negociación del Convenio Colectivo, ya que la Administración ha suspendido de manera unilateral la negociación alegando que estamos ante un proceso electoral que puede conllevar un cambio de gobierno. También se destacan incumplimientos de aspectos clave del convenio, como la promoción interna o la jubilación parcial, “que fueron uno de los logros más importantes conseguidos por el Comité de Empresa en favor de los trabajadores”. Entre los logros, citan la incorporación de más personal, aunque sigue siendo insuficiente, la potenciación de la hospitalización domiciliaria, y las obras que se han realizado para tener más capacidad de atender a los pacientes, además de la pérdida del miedo de los trabajadores a denunciar.
Decisión política
Más tajante se muestra Javier Palau, director de proyectos del grupo Ribera Salud y ex gerente del Departamento de Salud de Alzira-La Ribera, al catalogar el primer año como “muy decepcionante, francamente malo”. Según su visión, “los hechos demuestran que la reversión fue una decisión errónea y tomada exclusivamente en términos políticos. Pero es que, además, fue mal planificada y peor ejecutada”.
El resultado es un proceso “que nos está costando mucho dinero para obtener unos resultados asistenciales claramente peores: hablamos de peores listas de espera pese a cientos de contrataciones extraordinarias, una mayor precariedad laboral, una mayor conflictividad o un mayor coste en fármacos y material sanitario”. Ejemplificando esa situación, “las reclamaciones por parte de los pacientes han aumentado y, por primera vez en 20 años, los profesionales se han manifestado para protestar por sus condiciones laborales y otros se han marchado por el empeoramiento de las mismas”.
Además, la Administración ha pagado más de 2 millones de euros en indemnizaciones por los despidos improcedentes que se produjeron el primer día de reversión y que ahora, además, han obtenido sentencias favorables y vuelven a incorporarse a los puestos de los que no hubieran debido ser despedidos. “Todo ello claramente redunda en mayores costes con empeoramiento de los indicadores asistenciales”, asegura.
Actualmente los precios que se están pagando por determinados productos son hasta un 70% mayores y han aumentado las listas de espera más de un 10% en cirugía y eso que se están poniendo en lista un 22% menos. La demora para una primera visita de especialidad es de 44 días y está creciendo”.
Por otro lado, añade: “Han desaparecido pruebas y servicios y, sorprendentemente, en una decisión supuestamente desprivatizadora, se produce la mayor privatización de la historia del Departamento con la deriva de pacientes a centros privados para pruebas que se hacían antes en el hospital. Actualmente, ya se desvían más de 7.000 resonancias y están pendientes de analizar más de 3.000 biopsias. Todo ello mientras las urgencias están más saturadas que nunca y se crean unidades de preingreso (obsoletas en cualquier gestión moderna), donde 26 pacientes y sus familiares han de compartir un único baño”.
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