Este lunes se celebra el II Simposio La Atención a la Dependencia. Retos e Innovación, organizado por la Fundación Ceres y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha inaugurado la cita, destacando la necesidad de profesionalizar la atención a la dependencia y la capacidad del sistema de atención de generar retornos laborales y económicos.
Carcedo ha dicho que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es una oportunidad para impulsar la generación de puestos laborales: “Se han generado 34 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido”. Ha defendido “una mayor profesionalización del trabajo” y ha citado el incremento de la esperanza de vida y la incorporación de las mujeres al mercado laboral como dos factores que deben definir los servicios.
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En el congreso ha participado José Manuel Ramírez, director Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que hace sólo una semana presentó el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Ramírez ve datos preocupantes en el informe y considera que la financiación actual “mantiene los recortes de 2012 y abre un escenario de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema”. Además, se mantenían las grandes diferencias y desigualdades en la atención entre comunidades autónomas.
Sólo ocho autonomías aprueban en dependencia, según el dictamen. Castilla y León (de nuevo, la mejor, con un 9,3 sobre 10), Castilla-La Mancha (8,2), Andalucía (6,4), Galicia (6,1), La Rioja (6,1), País Vasco (5,7) y Cantabria (5,4). La peor comunidad autónoma, según el informe, sería Canarias (2,1 sobre 10), seguida de Baleares (2,1) Extremadura y Cataluña (2,5), Asturias y Aragón (3,2), Comunidad Valenciana (3,6) y Madrid y País Vasco (3,9).
La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2019, que incluían una importante subida presupuestaria en dependencia, deja en un cajón el proyecto de “atender a casi 70.000 personas más y generar 16.000 nuevos empleos directos”. Los gerentes de servicios sociales añaden que durante 2018 “más de 30.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día)”.
La ministra ha señalado que el sistema de atención a la dependencia “atiende a 1.061.719 personas, que reciben un total de 1.329.829 servicios y prestaciones, de las que dos terceras partes son servicios”. En el XIX dictamen del observatorio, los gerentes de servicios sociales señalaron que a final de 2018 había “250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera (19,2%del total)“. Reconocían que este llamado limbo de la dependencia se había reducido en 2018 en 60.000 personas, pero matizaban: “A este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera”. Y añadían que cuatro de cada diez personas desatendidas (el 40%, casi 100.000 personas) son dependientes con Grados II o III (grandes dependientes en situación grave).
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