Greenpeace España esperaba la resolución y, además, en el sentido que se ha producido. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Madrid ha acordado conceder la medida cautelar solicitada por la ONG ecologista y suspende la resolución de 27 de junio de 2019 dictada por el Ayuntamiento de Madrid por la que se acordaba la moratoria de las sanciones de Madrid Central. Esta decisión judicial va en sintonía con las que se han conocido esta semana: dos autos que también han suspendido la decisión del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, y que han sido dictados por los juzgados número 7 (el mismo que este tercero) y el número 24 de Madrid.
“Para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador (…) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones”
En el auto, de 20 páginas, el magistrado expone que “la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.
Respecto de los defectos del régimen sancionador que expone el Ayuntamiento en su escrito de alegación, el juez afirma que “la Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador (…) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones”.
Contra este auto cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hasta ahora son tres los recursos contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de suspender la zona de bajas emisiones de la capital, que han sido respondido admitiendo las medidas cautelares.
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