La respuesta corta es que no hay sanidad universal en España. Los afectados por esta exclusión se concentran en los colectivos de inmigrantes en situación irregular y en los reagrupamientos familiares de ciudadanos extracomunitarios. El año pasado hubo más de 1.300 personas que denunciaron ante distintas organizaciones sociales que no se estaba respetando su derecho a la asistencia sanitaria pública. Entre ellos se encontraban 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad y 44 solicitantes de asilo. Con patologías variadas que van desde pacientes oncológicos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermos de VIH y patologías psiquiátricas. Los datos son de las organizaciones Yo Sí, Sanidad Universal, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER) y Amnistía Internacional, que han organizado una concentración frente al Ministerio de Sanidad para reclamar otra regulación que garantice la sanidad universal.
La pregunta es pertinente porque se cumple un año de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que con trámite de urgencia aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez a las pocas semanas de llegar al poder. La norma se aprobó con celeridad, pues era una de las prioridades del Partido Socialista, según manifestaron en su momento, para revertir el escenario creado por el Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La norma del Gobierno de Mariano Rajoy cambió las reglas de acceso a la atención sanitaria pública y contra esta regulación se levantaron algunas comunidades autónomas con leyes propias que acabaron, la mayoría anuladas por el Tribunal Constitucional.
El Supremo ha echado más leña al fuego
En marzo de esta año se conoció un sentencia en la que la familia cubana de un ciudadano español reclamaba porque se le había negado la asistencia sanitaria pública. El Tribunal Supremo lejos de darle la razón le confirmó que no tenía reconocido ese derecho, según la normativa vigente en su momento. Esa norma no era la del decreto socialista, sino la anterior, la del RDL 16/2012. Sin embargo, Vicente Lomas, doctor en Derecho, y jefe de los servicios jurídicos del Sescam, reconoce que en el momento actual, con el cambio normativo, “lo más probable es que tampoco se le reconociera ese derecho”.
“Nosotros llevamos al menos siete años trabajando contra la exclusión de la atención sanitaria que trajo el Real Decreto-Ley 16/2012 y aplaudimos la llegada del decreto socialista, pero ahora sabemos que la única sanidad universal que ha traído esa norma está en el título y en el preámbulo, porque ha generado exclusiones incluso mayores de las que establecía la ley del PP“. Así se pronuncia Antonio Saiz, médico portavoz de la asociación Yo sí, sanidad universal, cuando vuelve de participar en la concentración frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, convocada por su organización, Amnistía Internacional y REDES, por el aniversario del decreto socialista que “tantas expectativas levantó” .
Saiz habla con conocimiento de causa. Las tres asociaciones fueron convocadas por el Ministerio de Sanidad para ver el borrador del real decreto-ley. “Entonces ya les expresamos nuestros temores que son los que se han cumplido”, apunta y apostilla:”No nos hicieron ni caso”.
Pero ¿cómo un real decreto pensando para terminar con una situación, puede contribuir a agravarla? “La norma es ambigua en la redacción e incluye múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria. Los demandantes de atención deben demostrar una estancia en el país superior a 90 días y aportar documentación que no es fácil conseguir, como un certificado de que el derecho a la asistencia sanitaria en su país no sirve en España o que no tienen ninguna cobertura privada, en definitiva, que no haya un tercero que pueda asumir el coste sanitario”.
Así, Saiz aclara que “mientras el decreto del PP admitía excepciones al limitar el acceso a la atención sanitaria de modo que embarazadas, menores de edad, urgencias médicas hasta el alta, víctimas de trata y solicitantes de asilo estaban incluidas en esa atención, la norma del PSOE no contempla esas excepciones. “Así que una mujer que llegue a España en situación irregular y embarazada no tiene derecho a esa atención sanitaria y tampoco un menor, por no haber permanecido 90 días en España, mientras que con el decreto anterior sí”.
Sin desarrollo reglamentario
Desde un punto de vista estrictamente legal, el Real Decreto-Ley 7/2018 tampoco pasa el filtro. “Los problemas que tiene esta norma son producto de su falta de desarrollo. El Gobierno podría haber aprobado un reglamento que homogeneizara la aplicación del decreto aclarando la documentación que se debe pedir y así evitar lo que ocurre ahora y es que cada autonomía interpreta esta regulación a una manera generando situación de exclusión que, en principio, no pretendía crear el real decreto”, explica David Larios, miembro del cuerpo superior de letrados de la Administración de la Seguridad Social y presidente de la la Asociación Juristas de la Salud.
Larios califica de “decepcionante que se vendiera la vuelta al carácter universal de la sanidad y no sea real”. Además, recuerda que hace un mes el Ministerio de Sanidad envió unas “recomendaciones” a las comunidades autónomas sobre cómo deberían aplicar el real decreto-ley en los casos de ciudadanos extranjeros sin residencia legal en España, en un intento de unificar criterios para atender a quienes lleven menos de tres meses en el país.
Este movimiento del Ministerio de Sanidad, que desde las asociaciones interpretan como una reacción a las críticas que está recibiendo la aplicación del Real Decreto-Ley, no es una norma, como destaca Larios. Es decir no es vinculante.
Desde las comunidades autónomas la valoración de la situación creada con la norma socialista no mejora. Vicente Lomas, doctor en Derecho y jefe de los servicios jurídicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, insiste en que “el valor normativo de las recomendaciones de Sanidad sobre la atención a extranjeros en situación irregular es cero. Los servicios de salud autonómicos demandan una disposición normativa que vincule a todas las comunidades autónomas y establece las condiciones en las que se debe llevar a cabo la atención sanitaria a estos colectivos”.
No oculta su decepción al señalar que con el real decreto socialista “en lugar de articular una regulación unitaria y global para el conjunto del Sistema Nacional de Salud se está alentando todo lo contrario y es que las comunidades autonómicas regulen los procedimientos de manera diferente”. En definitiva considera que “se ha producido un cierre en falso de una problemática y que desde el Ministerio de Sanidad se ha pasado la patata caliente a las autonomías”. El Ministerio de Sanidad, a través de su cuenta en twitter, ha celebrara el año del real decreto de sanidad universal.
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