La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a España en la que le advierte de deficiencias en la trasposición a la legislación nacional de la Directiva Europea 2010/63/UE sobre protección de animales utilizados para fines científicos.
La carta de emplazamiento, que representa el primer paso en los procedimiento de infracción europeos antes de un dictamen motivado que puede culminar en una denuncia en el Tribunal de Luxemburgo y multa de la Comisión Europea, da dos meses de plazo a España para resolver los problemas legales.
Según detalla la UE, la directiva se debía trasponer a más tardar el 10 de noviembre de 2012 para “garantizar un alto nivel de bienestar animal, salvaguardando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior. Es una norma que persigue reducir al mínimo el número de animales utilizados en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible”. Sin embargo “se han detectado numerosos defectos en la legislación nacional de España”, que habrían sido incluso reconocidos por las autoridades españolas, pero que todavía no se han solventado. En concreto habría todavía problemas “en ámbitos tales como el mantenimiento de registros y la cláusula de salvaguardia relativa a la utilización de primates no humanos”.
Incumplimiento de las normas sobre ruido
El aviso sobre la legislación de animales para investigación ha coincidido en el tiempo con otra carta de emplazamiento de la UE a España por no cumplir las exigencias sobre elaboración de mapas del ruido que permitan conocer la contaminación acústica a la que se enfrenta la población. En concreto, la Comisión Europea ha pedido a España que cumpla la Directiva 2002/49/CE sobre el ruido que “exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición al ruido dentro de las grandes zonas urbanas, como, por ejemplo, en los principales ejes ferroviarios y viarios y en los grandes aeropuertos. Estos mapas sirven de base para definir medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica”.
Éste es ya el segundo aviso al respecto, tras el enviado por Europa en septiembre de 2016, y en caso de que España incumpla el mandato europeo la Comisión podría decidir en dos meses denunciar el asunto ante el Tribunal de la Unión Europea.
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