La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la Ley de la Generalitat Valenciana 7/2017, de 30 de marzo, sobre la acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, por el posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Ley denunciada por ASPE se aprobó aprovechando la falta de transposición de la Directiva 2014/24/UE por parte del Estado y creó un instrumento a través del cual la Administración puede contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro sin competencia con las que sí lo tienen. Tras la transposición de esta Directiva realizada por el Estado, esta regulación no sólo es contraria al Derecho de la Unión Europea, sino que también lo es a los principios de transparencia y no discriminación establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público vigente en España, la cual prohíbe expresamente la discriminación de una entidad por razón de su forma jurídica o del ánimo de lucro.
A pesar de que la transposición de la Directiva 2014/24/UE fue realizada en octubre de 2017, la situación no ha cambiado en la Comunidad Valenciana, alargando la situación de flagrante injusticia a la que se ven sometidos los centros privados que tienen ánimo de lucro en la contratación.
La patronal de la sanidad privada ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones estas circunstancias, llegando a reunirse el año pasado con el Defensor del Pueblo y a dirigirse al presidente del Gobierno –Mariano Rajoy, en aquel momento- solicitándole la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la mencionada Ley, algo que finalmente no ocurrió.
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