El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley de urgencia con medidas para adaptar el derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se centra, fundamentalmente, en aclarar el régimen sancionador que recoge la norma europea, y que ha elevado las sanciones máximas a 20 millones de euros.
La norma estará en vigor hasta que se apruebe la ley orgánica de protección de datos que se encuentra en trámite parlamentario, en debate de enmiendas dentro de la ponencia ya constituida en la Comisión de Justicia,
El Gobierno pretende así facilitar la aplicación de la norma europea que, aunque no necesita transposición, introduce importantes novedades, que requieren de desarrollo. El real decreto-ley regula “cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripción o las sanciones”, también “fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección”. Reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos.
Fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección
Del mismo modo, la norma “determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación”.
Sobre la prescripción de las sanciones, el real decreto-ley opta por mantener los mismos tiempos que fija la ley de protección de datos 15/1999: “Un plazo de un año para las sanciones inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 3000.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía”. Por otro lado, el real decreto-ley de urgencia también explica los procedimientos transfronterizos.
Con esta medida, el Gobierno quiere aclara la aplicación de un reglamento que ha generado mucha inquietud y preguntas en todos los sectores productivos, y que en el sector sanitario tiene un especial impacto por la protección especial de la que goza cualquier información relativa a la salud. El Tribunal Supremo ha recordado esta semana, la especial protección de estos datos, con una condena por difundir información sanitaria.
Mientras el trámite de la nueva ley orgánica de protección de datos tendrá que ir sobre las 369 enmiendas que se han presentado y aclarar si, como piden todos los grupos políticos, se requiere aprobar una ley específica sobre el dato sanitario.
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