El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido impulsar las investigaciones sobre los casos de “bebés robados”, en España, que todavía esperan una respuesta de las instituciones “comprometida y sincera”.
Ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de un banco de ADN Nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados.
Así se lo ha hecho saber a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, a quienes ha remitido sendos escritos con recomendaciones para agilizar los procesos de investigación y para trasladarles las peticiones de las asociaciones de afectados.
Recomienda que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales
El Defensor ha recomendado que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado. También considera necesario reorganizar la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica y refuerce sus prestaciones.
Además, la Institución ha recomendado a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales.
También sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado de tramitación en el Tribunal Supremo del procedimiento sobre la unificación de doctrina en la prescripción de los casos de bebés robados. En el caso de que hubiese sido resuelto, la Institución quiere conocer la resolución adoptada y los efectos que ese fallo judicial tiene en los procedimientos pendientes y/o sobreseídos.
Por último, el Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio del Interior la queja de las víctimas sobre el “muro infranqueable” que supone para ellas la Ley de Protección de Datos en el curso de sus pesquisas.
En este contexto, la Institución cree que sería razonable que se destinaran efectivos policiales especializados a la investigación de estos casos para que, en coordinación con las instancias judiciales, se pudiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos, cruzando los datos de los distintos archivos y accediendo a información y documentación que les está vedada a las víctimas por ley.
El Defensor del pueblo ha tramitado más de 300 quejas desde 2011 de familias que esperan conocer el paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades.
También ha mantenido varias reuniones con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y con asociaciones de víctimas. En la última de esas reuniones, con representantes de la Asociación Nuevo Ágora, los afectados expusieron los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de sustracción de niños recién nacidos para obtener información de la administración que les permita avanzar en las averiguaciones sobre sus orígenes biológicos.
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