Sorprende sobremanera las prisas para tramitar la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, pasándola como prioridad por encima de la Ley de Derecho y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso Final de la Vida, propuesta por Ciudadanos. Parece que de pronto sea más importante morir rápido que morir bien.
Pero, dejando urgencias de lado, preocupa que esa preferencia a la hora de legislar relegue una ley, la de paliativos, que es un clamor social y profesional: todos nos morimos y muchos, por desgracia, aún francamente mal;se calcula que 50.000 personas mueren con dolor cada año en España. Comparado con el volumen de personas que fallecen al año en este país el porcentaje de los que pueden llegar a solicitar una eutanasia activa sería mínimo, así que, ¿no sería mejor acabar de tramitar la de paliativos? O mejor aún, ¿por qué no una única ley sobre final de vida?
En este periódico hemos acompañado durante años a los paliativistas en el desarrollo de una especialidad que aún no tiene reconocimiento formal y oficial; una historia que comenzó con la creación de la primera unidad en 1982 , la de Cuidados Paliativos del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, seguida en 1987 de la del Hospital de la Santa Creu de Vic, en Barcelona, que fue el germen que luego hizo de Cataluña un referente en la materia para todo el Sistema Nacional de Salud.
Con el convencimiento de que a día de hoy ya nadie debería morir con dolor, sin apoyo psicológico ni acompañamiento familiar y profesional adecuados, en situación de ensañamiento terapéutico ni tampoco de abandono, el primer derecho a reconocer de manera específica y con recursos materiales y humanos adecuados en todo el territorio nacional (sin inequidades dentro de cada comunidad autónoma ni entre ellas) es éste. Que si además de eso se puede dar satisfacción a quienes quieren poner fin a su vida de manera rápida, ya sea por enfermedad en fase terminal o por discapacidad o dependencia grave o intolerable, hay poco que objetar desde el punto de vista de los derechos y libertades individuales. Pero no nos engañemos: los derechos sobre el papel están muy bien pero luego hay que llevarlos a la práctica y en este caso, en el que se trata algo tan sensible, mejor no correr demasiado. Para comenzar, ya que tendrán que intervenir los sanitarios, hay que garantizarles seguridad jurídica y darles autonomía para que decidan en este caso, como en el de los cuidados paliativos, qué es buena praxis y qué no;y esto, es lento.
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