El exdirector gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y actual asesor legal del Consorcio Asociado Patronal Sanitaria y Social (CAPSS), Francesc José María, ha escrito un reciente artículo de opinión en este mismo diario en el que asegura que el incremento de tarifas del 1,03 por ciento aprobado por el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para la compra de servicios de las diferentes líneas de actividad sanitaria concertada no llega a cubrir ni tan siquiera los incrementos salariales previstos para los empleados públicos por la ley de presupuestos.
Se trata de un análisis acertado, ya que, como el mismo autor señala, ese incremento se diluirá en conceptos como las ampliaciones de plantilla, el aumento de bases máximas de cotización a la Seguridad Social, los incrementos vegetativos derivados del envejecimiento de la plantilla (tales como los niveles de carrera profesional), así como el pago de conceptos salariales actualmente en litigio.
Sin embargo, no se puede afirmar que el incremento de tarifas y precios públicos se traduzca en una mejora proporcional de los salarios. Hoy en día, las retribuciones de los profesionales sanitarios son, de promedio, un 4 por ciento inferiores a los salarios de 2008, debido a que en los centros públicos se sigue aplicando el recorte salarial del 5 por ciento decretado en 2010. El descuento se redujo al 4 por ciento el año pasado, como consecuencia del supuesto incremento del 1 por ciento de los salarios de los empleados públicos. En los centros privados concertados, si bien ese descuento directo no se puede aplicar porque sus trabajadores no son públicos, en buena parte de ellos aún no se ha normalizado la retribución variable por objetivos (la fórmula que se aplicó para llevar a cabo los mismos recortes que en los centros públicos).
Las retribuciones de los profesionales sanitarios son, de media, un 4 por ciento inferiores a los salarios de 2008
Por tanto, los tan cacareados incrementos salariales, aún produciéndose, no son tales, sino que son, en la práctica, la recuperación parcial de los salarios de 2008. No hay mejora, tan solo una restitución de los derechos salariales.
Es cierto que el Govern de la Generalitat, con ese pobre incremento de tarifas, demuestra una escasa sensibilidad con los empleados del sector sanitario concertado. En ese sentido, vale la pena tener en cuenta que, mientras los cargos públicos de la Generalitat son los mejor pagados de todo el Estado español, los facultativos catalanes están en el furgón de cola de las retribuciones en España. En consecuencia, existe una asimetría evidente entre unos trabajadores públicos (los miembros del Govern y sus altos cargos) y otros (los profesionales sanitarios).
Entre los susodichos cargos públicos también encontramos a los gestores de la sanidad concertada, cuyas retribuciones, en comparación con de las del personal a su cargo, atravesaron la crisis económica sin apenas fluctuaciones. Es más, sus sueldos, que, en muchos casos, alcanzaban -y siguen alcanzando- las seis cifras, superaban los de los consejeros de la Generalitat e incluso el del mismísimo president.
Mientras los cargos de la Generalitat son los mejor pagados de España, los facultativos catalanes están en el furgón de cola de las retribuciones
De este modo, una posible forma de contribuir a la solución para cubrir el déficit entre el incremento de tarifas y la necesaria -como apunta Francesc José María- mejora de las retribuciones de los profesionales, podría venir de una revisión de los sueldos de los directivos de las entidades del sector público del Departamento de Salud, financiados con el presupuesto de la Generalitat. Hasta ahora se aplica un acuerdo de 2014 que fija que estos altos cargos pueden cobrar como máximo lo mismo que un consejero del Govern, es decir, 109.633 euros anuales, más del doble que el sueldo medio de un facultativo.
Por todo ello, desde el sindicato Médicos de Cataluña queremos transmitir los siguientes mensajes:
- Al Departamento de Salud: La situación de la sanidad pública catalana y de sus trabajadores es insostenible. Nadie entiende como un colectivo, que ha dado lo mejor de sí en la peor crisis económica de la historia reciente, sigue siendo maltratado. Nadie entiende cómo sus salarios siguen siendo inferiores a los de 2008, añadiendo un empeoramiento objetivo de las condiciones de trabajo. El reconocimiento de los sacrificios efectuados esta vez no va a ser suficiente.
- A los gestores sanitarios concertados: Los profesionales sanitarios no vamos a tolerar que se queden de brazos cruzados esperando más financiación y porfiando para que entendamos la situación. Por tanto, o consiguen más recursos y equiparan las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores con las de sus homólogos españoles y europeos, o tendrán que enfrentarse a una nueva crisis, la de la ausencia de paz social.
- A la población: Pese a los intensos recortes, los profesionales sanitarios hemos procurado mantener hasta ahora una atención de calidad. Eso ha hecho que, en los últimos 8 años, nuestros salarios hayan servido, en buena parte, para financiar el sistema sanitario público. En 2018, una vez más, se nos dice que debemos seguir haciéndolo. Y mientras tanto observamos cómo debido a la falta de inversión se degrada la sanidad pública. Y observamos cómo los gestores públicos y los responsables de la Administración siguen manteniendo unas retribuciones desproporcionadas. Así las cosas, pretenden que sean los ciudadanos y los profesionales que prestan los que paguen los platos rotos de una situación que no han provocado. Por tanto, muy probablemente, tendremos que defender el sistema sanitario en nuestras plazas y calles. La única forma que nos queda para intentar revertir esta situación, que ha entrado en una espiral destructiva, es la movilización, pacífica pero contundente. Necesitaremos de su comprensión y apoyo.
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