Poco a poco, las comunidades se han ido sumando a la recuperación efectiva de las 35 horas semanales después de que el Gobierno central accediera a las reivindicaciones de los sindicatos y acordara que las administraciones que cumplieran los objetivos de déficit podían reducir la jornada laboral. Hasta cinco comunidades ya han pactado la implantación inmediata a lo largo de 2019 (Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias) o progresiva (La Rioja, Cantabria) de la antigua jornada laboral de la mayoría de los trabajadores públicos antes de los recortes.
Castilla-La Mancha ha vuelto este enero después de un primer intento fallido con la llegada del gobierno socialista. El Tribunal Constitucional tumbó en septiembre de 2016 una norma autonómica que apenas llevaba nueve meses en vigor, alegando que la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 que estableció la jornada de los funcionarios en un mínimo de 37 horas y media semanales era “normativa básica” y, por tanto, de obligado cumplimiento.
La Rioja y Cantabria han llegado al acuerdo para reducir la jornada a 36 horas este 2019 y a 35 horas en 2020
Para evitar perjudicar a los trabajadores y evitar despedir a los profesionales contratados, recuerda Miguel Méndez, presidente de CESM en Castilla-La Mancha, aunque por norma general se aumentó en media hora la jornada diaria, donde fue posible en algunos casos se aumentó la carga de trabajo sin cambiar el horario, “cuestión que todavía hay que aclarar cómo se va a tratar ahora”. El turno diurno tendrá una jornada anual de 1.519 horas.
Hay que tener en cuenta que la disposición estatal de las 37 horas y media semanales sigue vigente. Los PGE de 2018, si bien dejaban la puerta abierta a la negociación de calendarios y jornadas especiales, especificaban también que la negociación no podía suponer ni incremento de gasto ni de la temporalidad.
La jornada flexible
En la práctica, varias autonomías han buscado la forma de ir por este camino, incluso buscando posibles lagunas en la normativa para poder compensar a sus funcionarios, por ejemplo la de la jornada flexible. Así, por ejemplo, tanto Andalucía (cuya normativa sobre las 35 horas de 2017 también fue anulada por el Constitucional) como Extremadura oficialmente siguen con una jornada de 37 horas y media, si bien sólo 35 serían horas de trabajo efectivo, y el resto estaría dedicado a horas de formación no presencial. Castilla y León redujo la jornada semanal a 35 horas como una forma de favorecer la conciliación, pero sólo durante los meses de verano, porque no cumplía los objetivos de déficit.
Por su parte, País Vasco recuperó la jornada en febrero de 2016 y, a pesar de los reveses judiciales (el último, justo dos años después, de parte del Tribunal Supremo), decidió esperar a la reacción del Gobierno central, que en 2017 ya dio muestras de replantearse la jornada laboral de los funcionarios.
Además de Castilla-La Mancha, también en Canarias aplicarían las 35 horas semanales desde enero, si bien todavía en la práctica su implantación está condicionada a que la autonomía esté autorizada a usar su superávit, por lo que dependería de los PGE.
En Asturias, “hay un compromiso firmado en la Mesa de Función Pública para volver a las 35 horas a partir del 31 de marzo”, recuerda Antonio Matador, secretario general del sindicato médico Simpa, que estima que la jornada anual podría oscilar sobre las 1.575 horas.
Reducción progresiva
Este enero, La Rioja también habría reducido su jornada laboral, pero a 36 horas, con el compromiso de implantar las 35 horas en 2020. Según informa CESM en La Rioja, serían 1569.6 horas para los médicos , que además tendrían que realizar unas 611 horas de guardia, siendo la jornada máxima anual de 2.180 horas. Pilar García, secretaria de Sanidad de UGT, matiza que, pese al recorte de 73 horas anuales (en la práctica unos 18 minutos menos para los trabajadores de jornada diurna), como no hay prevista la contratación de más facultativos por la supuesta falta de médicos, “todo lo que no se haga en el día, se acumulará en espera”.
Andalucía y Extremadura oficialmente siguen con una jornada de 37 horas y media, pero sólo 35 serían horas de trabajo efectivo y el resto, de formación
En Cantabria también reducirán la jornada progresivamente en dos años, si bien el compromiso es trabajar 36 horas semanales a partir de 1 de mayo y a 35 el 1 de mayo de 2020. Así que estos meses cada mesa sectorial procederá a negociar los pormenores de su jornada anual, según confirman desde CCOO.
En Aragón también a partir de este enero se reduce la jornada, si bien a 37 horas, que era la que estaba vigente en el Servicio Aragonés de Salud en 2012. Según CCCOO, “el acuerdo abre la puerta a la reducción de jornada hasta alcanzar las 35 horas semanales. La comisión de seguimiento del acuerdo, antes del 31 de diciembre, acordará medidas que reduzcan progresiva y gradualmente la jornada, dirigiéndose esa reducción de jornada de forma prioritaria a trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años”.
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