Ya hay consejero nuevo en Andalucía, de Salud y Familias (con s), que tendrá que romper, en lo tocante a su cartera, con nada menos que 37 años de Gobierno del PSOE al frente de la comunidad autónoma, con todo lo que eso representa, y lidiar con el socio de Gobierno del PP, Ciudadanos, y con Vox, que por aritmética parlamentaria va a tener mucho que decir.
La noticia de que el nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, había puesto a Jesús Aguirre (hasta ahora senador del PP) al frente de esa consejería resultó, de entrada, positiva, especialmente por tratarse de un profesional sanitario; en concreto, médico de Familia (titular de APD y ha ejercido en Villa del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Carcabuey, Fuente Palmera y Córdoba), exvicepresidente del Sindicato Médico de Córdoba, expresidente del Colegio de Médicos de Córdoba y exvicepresidente de la Organización Médica Colegial-OMC (con el también andaluz Isacio Siguero en la presidencia).
Su época de mayor protagonismo en el sector sanitario nacional fue la de la OMC, donde mostró el perfil institucional propio de tantas épocas grises en ese órgano de representación de todos los médicos de España, por lo que resulta difícil aventurarse a hacer predicciones.
Y poco sabemos aún de cuáles son sus principales objetivos en la consejería, pero el acuerdo para la investidura de Moreno Bonilla de PP con Vox incluye habilitar gradualmente la libre elección de especialistas, eliminar la obligación de la exclusividad de los profesionales sanitarios e incorporar a la comunidad autónoma al sistema de compra centralizada de fármacos. Mientras que del pacto con Ciudadanos sólo ha trascendido un plan de choque de mejora de la calidad de la sanidad pública y la reducción de las listas de espera.
Como Aguirre ha sido uno de los políticos más activos en contra de las polémicas subastas de fármacos andaluzas, es de prever que intervendrá más pronto que tarde en ellas, no sin dificultades legales y administrativas (han vencido diez de las catorce convocatorias realizadas en ocho años y las cuatro restantes seguirán en vigor hasta la fecha de caducidad de los contratos, que es de dos años), y seguro que soportando bastante demagogia política.
Démosle al nuevo consejero los cien días de gracia y quizá otros 50 días más de propina por las dificultades sobreañadidas que entrañará romper con casi cuatro décadas de hegemonía política y de régimen clientelar del PSOE.
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