La Fundación Salud por Derecho ha presentado este lunes el informe Interés público en la innovación biomédica, en el que pide un nuevo modelo en la colaboración público-privada que supone la transferencia de conocimiento desde un origen estatal al mundo de la empresa. En el acto han estado presentes Vanessa López, directora ejecutiva de Salud por Derecho; Irene Bernal, responsable de acceso a fármacos en la fundación y coautora del trabajo, y Óscar David Sánchez, experto en transferencia tecnológico y también coautor.
El informe señala de entrada que más del 60% de la inversión en I+D en salud se hace desde el sector público (principalmente el Estado), y lamenta que, a juicio de los autores, “se pierda el control sobre la inversión pública cuando el resultado de las investigaciones se transfiere de las universidades y centros de investigación a las empresas”.
Salud por Derecho pide más información sobre precios, patentes…
Salud por Derecho considera que la Administración debería tener más voz y voto en la gestión de decisiones como precios y propiedad intelectual: “No tiene capacidad de influir en asuntos importantes a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública”.
Bernal y Sánchez han hablado con DM antes de la presentación del informe: “Falta transparencia, conocimiento de datos, trazabilidad…Estaría bien saber qué pasa durante el proceso de transferencia, si hay patente, cómo es, si existen ensayos clínicos, publicaciones científicas previas…”. A su juicio, el modelo debe ser más compartido”.
Los autores creen que las Administraciones deben impulsar el cambio de modelo
Ambos autores consideran que la iniciativa de cambio debe partir de las propias Administraciones: “El Estado debe dar pasos y estudiar sistemas con condiciones más ligadas al derecho y el bien público. En la gestión de la colaboración público-privada se pierde el control, algo que llama más la atención cuando, muchas veces, el producto vuelve al sector público”.
El informe incluye más datos. Refleja que nueve de las diez compañías que más ayudas económicas y préstamos han recibido para proyectos en salud de 2010 a 2016 son grandes empresas farmacéuticas, y añade que entre 2010 y 2016, “tras años de recorte del presupuesto estatal, fueran clave tanto las aportaciones del conjunto de las comunidades autónomas como la financiación procedente de programas europeos, principalmente Horizonte 2020“.
Interés público y ámbito privado
En definitiva, Salud por derecho pide que se fortalezcan los sistemas de evaluación actual de las políticas públicas, y que se revise la legislación actual en torno al sistema de innovación, con el objetivo de facilitar la incorporación de medidas que protejan el interés público en el desarrollo de tecnologías y la incorporación de medicamentos. Estos cambios, consideran, deberían hacerse específicamente en las políticas de propiedad industrial e intelectual. Las experiencias de otros países al respecto (EEUU, Reino Unido…) pueden ser un buen espejo en el que mirarse, concluyen Sánchez y Bernal.
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