Pocos días después de hacerse pública la intención del Ministerio de Sanidad de financiar los sistemas de monitorización continua de glucosa en diabéticos tipo 1 adultos (prestación a la que acceden los menores de 18 años desde septiembre), uno de los temas que se debatirán el próximo martes por la tarde en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial (CISNS) será la forma de hacer efectiva esta financiación.
Según uno de los documentos remitidos por parte de Sanidad a las comunidades autónomas para su valoración antes del CISNS (previsto para el día 14 o el 15), la propuesta del ministerio supone la financiación progresiva de los dispositivos a mayores de 18 años con diabetes tipo 1 que realicen terapia intensiva con insulina (múltiples dosis diarias o bomba) y más de seis punciones de control al día.
Esta progresividad se traduciría en la indicación de los sistemas a los siguientes colectivos, por orden de prioridad:
- Pacientes con discapacidad visual o limitaciones funcionales graves que les imposibiliten realizar punciones digitales o con trastornos funcionales cognitivos que les impidan expresar la situación de hipoglucemia.
- Pacientes que sufran hipoglucemias de repetición, entendiendo por tales las que se producen al menos 4 veces por semana o cuando tengan un 10 por ciento de los valores de las lecturas del glucómetro por debajo de los 70 mg/dl tras realizar un promedio de 6 controles de glucemia capilar al día.
- Pacientes embarazadas y las que planifiquen un embarazo natural o
mediante reproducción humana asistida. - Restantes pacientes con niveles de HbA1c no controlados (>7,5 por ciento).
- Restantes pacientes con niveles de HbA1c controlados (<7,5%).
Cuando un paciente reúna más de uno de los anteriores requisitos, se considerará incluido en el colectivo al que le corresponda la prioridad más alta.
Costes asociados
La propuesta de Sanidad llega acompañada tanto de una estimación del tamaño de cada colectivo (hasta cerca de 83.000 en total) y el grado de penetración anual (basado en la experiencia de las autonomías que ya financiaban los monitores) como de un estudio económico.
Así, el coste total de financiar los dispositivos ascendería a 69.839.305 euros anuales, a los que habría que restar el coste de las tiras reactivas de glucemia y las lancetas que los pacientes dejarían de utilizar, estimado en 20,8 millones de
euros.
Además, el ministerio pretende llegar a un acuerdo con Abbott -empresa que distribuye actualmente los monitores a los menores de 18 años- para, en el caso de añadirse más colectivos a la financiación pública, rebajar el precio unitario de cada sensor, fijado en 45,45 euros más IVA (50 euros), lo que supone un coste por paciente anual de 1.300 euros (los sensores han de cambiarse cada 14 días).
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