La sanidad lleva años flirteando con la compra pública innovadora (CPI), una alternativa que permite a las administraciones llegar a acuerdos con empresas tecnológicas para que éstas desarrollen soluciones a problemas reales y necesidades no cubiertas. Es decir, un organismo público licita la compra de algo que no existe pero hace falta, de modo que la entidad, por un lado, se asegura de que llegue a existir, y la empresa adjudicataria, por otro, tiene garantizadas sus ventas.
En esta línea, el pasado jueves, durante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, anunció un impulso global a la CPI, apoyado por la presencia de otros dos ministros: Isabel Celaá, de Educación, y José Guirao, de Cultura y Deporte. El Ejecutivo quiere ir más allá en la apuesta por un modelo del que la sanidad quiere beneficiarse más, aunque para ello necesita centrar mejor el tiro.
El Gobierno busca más eficacia, seguridad jurídica y reducir trámites
Todo viene de lejos, ya que España lleva casi una década explorando la CPI en sanidad. En 2015, el Gobierno anunció un plan nacional específico que no se ha desarrollado, aunque la nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada hace ahora casi un año, dedica protagonismo propio a este modelo.
Duque anunció el jueves que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) creará una Oficina de Compra Precomercial Innovadora, “que evaluará y financiará la compra de prototipos innovadores que puedan resolver necesidades reales”.
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Además, añadió que el Gobierno está trabajando en “un proyecto de simplificación y racionalización del proceso de compra pública innovadora para ordenar el procedimiento administrativo, aumentar la seguridad jurídica de los beneficiarios y reducir sensiblemente los plazos de tramitación, lo que revertirá en una mayor eficacia de este instrumento”, dijo Duque.
Fuentes del Ministerio de Ciencia señalan a Diario Médico que, de hecho, la sanidad “es donde mejor puede funcionar la compra pública innovadora”, por lo que consideran adecuado impulsar su uso en el SNS.
Todos estos problemas afectan al vínculo que la sanidad quiere establecer con la CPI, que aún está comenzando en España pese a las experiencias autonómicas que ya se acumulan, lideradas por Galicia. Según se concluyó el pasado septiembre en el I congreso nacional específico sobre este ámbito, el SNS aún no ha entrado de lleno en la CPI: todavía hay que pulir la relación entre industria y administraciones, mejorar procesos de licitación, homogeneizar criterios y perder cierto miedo a la novedad que supone objetivar proyectos relativamente inciertos.
Por ejemplo, la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) no considera apropiado valerse de la compra pública innovadora para abordar el Plan Renove de tecnología sanitaria que España debe afrontar.
Celia Muñoz, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, explicó en el citado congreso que los responsables de proyectos de CPI reconocen la dificultad que entraña la selección de criterios para adjudicar los proyectos y han solicitado guías de criterios. En la fase de seguimiento de resultados no es raro que la incertidumbre sobre los parámetros que han de determinar el impacto de la compra compliquen su desarrollo.
“La CPI suena bien en teoría, pero es difícil llevarla a la práctica”
Enif Pérez, consultora experta en compra pública innovadora en Ayming, explicaba hace unos meses en DM que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, implica cambios relevantes en la compra pública, como la simplificación de los procedimientos de adjudicación, la agilización de la contratación y la competencia real entre licitadores, beneficiándose de ello las pymes con nuevas oportunidades.
En lo relativo al ámbito sanitario, recomienda “un buen plan que defina, a medio plazo, cómo se quieren renovar los equipos, qué tipo de tecnologías incorporar y cómo la compra pública innovadora puede ayudar a conseguir estos objetivos.”
El reto no será sencillo. Galo Peralta, coordinador de la Red Itemas, explicaba a DM el mes pasado que hay importantes barreras legales: “El contexto actual no facilita el emprendimiento. En España resulta muy difícil y más en el sector público”. Según Peralta, la CPI es todavía infrecuente salvo cuando existe financiación específica que obliga a utilizar este recurso para la incorporación de productos: “La CPI suena bien en la teoría, pero llevarla a la práctica es complicado porque el concepto es comprar algo que no está en el mercado y choca frontalmente con la inercia del sector público. Nuestro entramado legal desmotiva el uso de esta fórmula”.
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