El Pleno del Congreso de los Diputados del jueves, 20 de diciembre, tiene previsto votar el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida. Es la última versión, y puede que definitiva, de la conocida como ley nacional de cuidados paliativos.
El texto que verán los diputados ha sido fruto de una lenta cocción, de discusiones mantenidas en el seno de la ponencia de la ley. Un año y medio de “largo, sesudo y tortuoso debate”, según lo definió el diputado de UPN, Carlos Salvador Armendáriz, que ha repasado las 164 enmiendas a la propuesta legislativa de Ciudadanos.
Algunas de estas objeciones al redactado original llegaron sin consenso a la Comisión de Sanidad, que se celebró el pasado 11 de diciembre. Entonces, y en votación mayoritaria, los diputados eliminaron un título entero de la norma: el dedicado a recoger las infracciones y las sanciones a los médicos que no cumplieran con la citada legislación.
Esta batalla política, entre Ciudadanos y PSOE, podría incluso cuestionar el apoyo del partido naranja al proyecto de ley de eutanasia
A favor de eliminar este apartado votaron los representantes del PSOE, el PNV, ERC, Podemos y el grupo Mixto. En contra, Ciudadanos y el Partido Popular. En virtud de este cambio, el título suprimido se ha convertido en una disposición adicional, que remite a las leyes de cuidados paliativos que tiene cada autonomía para conocer las sanciones a aplicar cuando los médicos no respeten el derecho que tiene el paciente a recibir cuidados paliativos. Hay diez autonomías que cuentan con una ley propia, y en ocho de estas regulaciones hay un apartado dedicado a sanciones a los profesionales sanitarios. No ocurre así en las leyes autonómicas de País Vasco y Madrid, que aluden al régimen sancionador sanitario que ya tienen establecido dentro de estas comunidades autónomas. Para el resto de regiones, sin leyes de cuidados paliativos, la regulación nacional en trámite remite a lo que establece la Ley General de Sanidad.
Esta solución no convence a Ciudadanos. Francisco Igea, portavoz de Sanidad del grupo naranja, explicó sus argumentos en la Comisión de Sanidad del pasado martes: “No existe una ley sin poder coercitivo, por eso no nos parece bien que refiera a los que establece cada autonomía. Necesitamos un régimen sancionador igual para todos”. En contra de esta opinión, Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE, defendió la enmienda que eliminó las sanciones por ser innecesarias y regular un ámbito donde existen competencias autonómicas.
A pesar de la votación en Comisión, donde el texto fue aprobado por 35 diputados a favor y dos abstenciones, Ciudadanos no se ha dado por vencido en este aspecto. Ciudadanos presentó un voto particular, donde quedó reflejada su propuesta de mantener las sanciones. Pero esta batalla política, entre Ciudadanos y PSOE, que podría incluso cuestionar el apoyo del partido naranja al proyecto de ley de eutanasia, preocupa poco a la profesión sanitaria.
Artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente
La proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida que votará el Congreso modifica el artículo 11 de la Ley 41/2002, de la Autonomía del Paciente, al eliminar el punto 3 de la norma que decía: “No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas […]”.
Javier Rocafort, director médico del Hospital Centro de Cuidados Laguna y ex coordinador científico de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, afirma que “el punto de las sanciones no afecta a la ley”. Sin embargo, lamenta “que este hecho haya puesto en juego el deseable consenso de nuestros representantes políticos”.
El punto conflictivo de esta norma que preocupa a los profesionales es la eliminación de la lex artis, como freno a la obligación del médico de cumplir las últimas voluntades del paciente en fase terminal. El texto aprobado en la Comisión de Sanidad modifica la Ley de Autonomía del Paciente en esa referencia (ver apoyo).
Rocafort hace su lectura: “Es más una actitud la que se persigue con esta derogación, que un auténtico problema”. Advierte que “legalmente un médico está obligado a actuar conforme a la lex artis y con eso el asunto queda suficientemente zanjado. En todo caso, poner en duda los beneficios que aporta la lex artis, lo único que demuestra es la desconfianza de los legisladores respecto a la profesión médica y eso no es halagüeño”.
Legalmente un médico está obligado a actuar conforme a la ‘lex artis’ y con eso el asunto queda suficientemente zanjado
En definitiva, el paliativista, expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), celebra que la norma llegue al Pleno del Congreso. “Es una ley que iguala derechos de los ciudadanos a recibir cuidados paliativos de calidad. Otorga el derecho a la sedación cuando ésta se precisa, al acompañamiento familiar, a la habitación individual, a la atención religiosa, a recibir cuidados paliativos en cualquier domicilio o institución… Los nuevos derechos son numerosos”. Y añade: “Obliga al Estado a evaluar anualmente la prestación de cuidados paliativos”. En conclusión, una buena ley “con avances importantes”. Así que más allá del ruido de sables políticos, la profesión parece satisfecha.
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