La situación política en Cataluña ha sido protagonista todo el año, con la sanidad en un segundo plano. El pasado junio, tras siete meses de aplicación, la llegada de un nuevo Ejecutivo catalán provocó el levantamiento del artículo 155 en la comunidad. Lo que se suponía una puerta abierta a la vuelta a la normalidad sólo lo ha sido a medias.
Quim Torra, presidente de Cataluña, durante el último debate de política general.
Apenas unos días antes del levantamiento del 155, el nuevo presidente catalán, Quim Torra, lanzó un pulso al nombrar de nuevo a Toni Comín -huido de la justicia- como consejero de Salud, pero a los pocos días rectificó y el cargo lo ocupó Alba Vergès, economista y expresidenta de la Comisión de Salud del Parlamento catalán.
Su primera promesa al llegar al cargo fue consolidar la norma de sanidad universal en Cataluña. En su comparecencia a los 100 días de llegar al cargo, en septiembre, dijo que los objetivos eran mejorar las condiciones de los profesionales, impulsar la perspectiva de género, reducirla lista de espera, e implantar planes específicos en atención primaria y Urgencias, entre otros.
En octubre, Laura Pelay asumió las competencias del cargo de Vergès -de baja por maternidad-. A principios de este mes, la consejería anunció la creación de una Dirección General exclusiva para tratar la política de personal. Mientras, la sanidad catalana avanza con escasez de directrices del Gobierno, enfocado en su lucha independentista. El final del año ha estado marcado por las huelgas en la atención primaria y el sector concertado.
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