La regulación de los derechos de los paciente en la fase final de su enfermedad o de su vida ha sido motivo de debate durante este año. El trámite de la conocida como ley nacional de cuidados paliativos que presentó el grupo Ciudadanos se venía arrastrando desde el verano de 2017. La ponencia de la ley concluyó sus trabajos en noviembre; el 11 de diciembre se votó en Comisión de Sanidad y el 20 de diciembre se vota en el pleno del Congreso de los Diputados.
Mientras los diputados repasaban las enmiendas presentadas al texto de Ciudadanos, el PSOE en la oposición registró una propuesta de ley de despenalización de la eutanasia. La iniciativa socialista llegó a la actualidad la primera semana de mayo, cuando el Congreso votaba a favor de la propuesta del Parlamento catalán de reforma del Código Penal para legalizar la eutanasia.
También se aprobó la propuesta socialista, en un pleno del Congreso celebrado en junio. Todo ello ante la mirada atónita de mucha parte de la profesión sanitaria, con la OMC y la Secpal en primera línea, que estaban asesorando a los distintos grupos políticos en la redacción de la ley nacional de paliativos. Así que, cuando el debate de la profesión médica sobre el texto de la ley de Ciudadanos se centraba en si se reconocía la sedación como un derecho del paciente y, por tanto, si se eliminaba la lex artis, se coló por la izquierda una norma, la socialista, que comporta un detallado articulado sobre cómo realizar la eutanasia, con todas las garantías para el paciente y el profesional. Al cierre de este periódico, la ley socialista se encuentra a la espera de que concluya el periodo de presentación de enmiendas.
Mientras la ley nacional de paliativos puede ser una realidad en los próximos meses, si no se producen cambios en los apoyos políticos entre socialistas y Ciudadanos, fundamentalmente.
La protección de datos preocupa al sector
El 25 de mayo, el Reglamento General de Protección de Datos empezó a ser de obligado cumplimiento.La norma europea endurece las multas por incumplir con esta regulación y obliga a las empresas a contar con un delegado de protección de datos, entre otras novedades. En sintonía con estos cambios, el Gobierno aprobó una nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor el pasado 7 de diciembre. Sin duda, estas importantes novedades alrededor de la protección de datos ha sido uno de los temas principales del año y va a seguir siéndolo durante 2019, pues todavía quedan cosas por aclarar, que las irá dictando la práctica.
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