Cataluña tiene un gobierno (legítimo) de la Generalitat, sí, pero no se acaba de ver la diferencia entre su gestión de la sanidad autonómica y la que se realizó, en funciones, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La impresión es que para todo lo que no sea procés, presos políticos, Puigdemont y demás huidos de la justicia, república…Cataluña carece de gobierno; incluyendo, por supuesto, su sanidad, aunque sea la que se lleva la mayor parte de la partida presupuestaria anual del Ejecutivo autonómico y un sector estratégico tanto para la ciudadanía como para la economía de la región.
Los servicios sanitarios públicos y concertados funcionan, sí; profesionales, gestores y proveedores hacen su labor, pero, ¿dónde están las directrices, proyectos y mejoras macro y dónde las ideas innovadoras que tradicionalmente hacían avanzar la sanidad de esta comunidad a mayor velocidad que la del resto?
La sanidad, un ámbito eminentemente técnico, es un organismo excesivamente dependiente (por politizado) de los gobiernos autonómicos, que son quienes la gestionan. Cuando los responsables de una consejería tienen buena formación y experiencia y cuando la presidencia de un gobierno autonómico tiene interés en este sector y está comprometida con los intereses reales de la población, se nota.
En Cataluña esto hoy no sucede: falta interés y liderazgo de la Administración, y no porque la consejera Alba Vergés esté de baja maternal; estando ella se echaba de menos lo mismo.
La semana pasada el sindicato Médicos de Cataluña anunció que prepara movilizaciones en el primer nivel asistencial del Instituto Catalán de la Salud porque su situación es “alarmante” y se necesitan medidas inmediatas para frenar su “precarización progresiva”.
Pero más relevante es, si cabe, la iniciativa que ha adoptado la Unión Catalana de Hospitales (UCH), promotora y apoyo de todos los titulares y equipos que han habitado el Pabellón Ave María de la Travessera de les Corts de Barcelona (sede de la consejería).
Esta patronal mayoritaria, tras definir con una amplia participación de gestores y profesionales las áreas de acción prioritarias, promueve su despliegue a partir de 2019 por todas las instituciones y centros que tiene asociados.
El objetivo del proyecto, del que ya informó DIARIO MÉDICO –llamado +Futur (más futuro)-, según la patronal, es “situarse anticipadamente en el escenario de futuro de la provisión y la organización de los servicios e impulsar las transformaciones necesarias”.
Fuentes de la entidad aseguran que, con ello, no pretenden sustituir al Govern ni ser un contrapoder y que todo el proyecto se hace de acuerdo con el Plan de Salud autonómico vigente. Pero es evidente que van a poner en marcha un revulsivo en un sector en modo de travesía del desierto, tras más de seis años de una crisis política sin precedentes y con un presupuesto que, tras los implacables recortes aplicados desde 2011 por el Gobierno de CiU, no se acaba de recuperar; en especial, en costes de prestaciones, que es lo que está tensionando más el sistema y provocando la creciente percepción objetiva de deterioro.
Es de agradecer que sea el propio sector quien afronte las mejoras que necesita mientras los actuales inquilinos de la Generalitat se dedican a su monotema y sus extravagancias partidistas.
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