La seguridad de la asistencia sanitaria y la acción humanitaria que se prestan en los conflictos armados y situaciones de emergencia está cada vez más comprometida. Aunque es necesario un mecanismo internacional que permita registrar y sistematizar datos que ayuden a dimensionar el problema, hay algunos estudios que muestran una clara tendencia ascendente de los ataques a instalaciones y profesionales sanitarios.
Así se ha puesto de manifiesto durante el III Congreso de Cooperación Internacional, que la Organización Médica Colegial (OMC) acaba de celebrar en Santiago de Compostela. Felipe Noya Álvarez, voluntario de Médicos del Mundo y vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora Nacional de ONGDs, ha destacado los datos recopilados por los investigadores de Humanitarian Outcomes, según los cuales en 2017 hubo 158 incidentes violentos de gravedad contra operaciones humanitarias en 22 países. Estas agresiones afectaron a 313 personas, de las que 139 murieron. “Es la segunda cifra más alta desde 2013, año en el que 156 personas fueron asesinadas”, recuerda Noya.
Entre los motivos, este voluntario de Médicos del Mundo se refiere a la instrumentalización política de la ayuda humanitaria como una práctica cada vez más común y como un grave problema de seguridad. Ve con preocupación cómo en los últimos años “se está reduciendo el espacio humanitario ante la pasividad de la comunidad internacional”. En su opinión, las herramientas para gestionar la seguridad son la responsabilidad individual y colectiva, la aceptación participativa de las comunidades con las que trabajan estas organizaciones y la disuasión pacífica de la violencia.
María Alcázar Castilla, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja España, ha recordado que la violencia contra la asistencia en salud se ejerce de distintas formas: ataques directos a las instalaciones sanitarias, a las ambulancias, con explosivos en las inmediaciones, con la retención en puestos de control de seguridad o la discriminación de pacientes, “hechos todos prohibidos por el derecho internacional humanitario”.
Alcázar ha incidido en los aspectos más importantes de la iniciativa “Asistencia de Salud en peligro”, que ha nacido precisamente para encarar la violencia contra los pacientes, los trabajadores, las instalaciones de salud y los vehículos sanitarios. Es una iniciativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que trabaja tanto en la sensibilización, a través de la campaña “Vida o muerte”, como en acciones concretas; en este sentido, uno de sus objetivos es que los gobiernos fortalezcan la legislación interna y que esas medidas se transformen en la práctica normal para todas las partes interesadas: “Es importante que se tipifiquen estos actos como delitos en todos los países y se haga un seguimiento de los casos de violencia”.
Javier Ruiz Arévalo, jefe del Centro de Apoyo Logístico a Operaciones del Ejército de Tierra, considera que el aumento de los ataques contra la asistencia sanitaria es un hecho y, ante esta realidad, hay dos posturas. Una de ellas es que las fuerzas militares proporcionen seguridad a las organizaciones prestadoras, lo que seguramente comprometería su independencia, según ha reconocido. La segunda es la que tradicionalmente han adoptado las ONGs internacionales más conocidas y que basa la seguridad en la aceptación, es decir, en alejarse de cualquier actor interviniente dejando clara su neutralidad.
Sin embargo, Javier Ruiz cree que en algunos conflictos las ONGs son vistas como un elemento occidental y, por tanto, hostil, y ha significado que algunas veces han tenido que abandonar el país por no poder garantizar la seguridad, como ocurrió en Afganistán. Ha explicado que la ONU está trabajando en una línea nueva que consistiría en que las fuerzas militares otorguen protección pero no dicten la agenda, aunque admite que la comunidad internacional suele ver la ayuda humanitaria como una herramienta más de estabilización.
Tanto María Alcázar como Felipe Noya rechazan la protección militar como una solución y no comparten que se perciba hostilidad en los países y zonas en las que trabajan. “Nuestra seguridad tiene que venir de que todas las partes respeten la asistencia sanitaria y la población nos perciba como imparciales, y de que las partes en conflicto conozcan y respeten el derecho internacional”, ha dicho tajante la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja quien, además, ha recordado la muerte el pasado año de más de 60 voluntarios y trabajadores de la Media Luna Siria, que no es una organización occidental.
“Seguimos reivindicando la validez del Convenio de Ginebra en su artículo 20 y del protocolo adicional artículo 9. Nosotros estaremos siempre del lado de quien padece las consecuencias, no de quien las provoca”, enfatiza Felipe Noya, quien coincide con Alcázar en que la estrategia de disuasión no armada de la violencia ha demostrado ser más eficaz que la protección de las fuerzas armadas.
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