La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha enviado una carta (pinche aquí para acceder al documento) al Ministerio de Sanidad, con fecha de 24 de enero, en el que le pide “tomen ya la decisión política de transferir toda la sanidad penitenciaria a los servicio de salud de las comunidades autónoma”. En definitiva, solicitan se cumpla con lo que establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aunque sea con 15 años de retraso.En la actualidad, la sanidad penitenciaria solo está trasferida a los servicios autonómicos de País Vasco y Cataluña.
Esta carta reitera lo que desde la SESP se lleva anunciando en los últimos años, que es “el déficit total de profesionales que es incompatible con ofrecer una mínima calidad de la asistencia sanitaria y, además, no hay relevo generacional, por lo que, si esta situación no cambia en el corto plazo, el futuro mediato será aún peor que el presente”.
Entre los receptores de este mensaje, que asegura sin tapujos que “la Sanidad Penitenciaria está agonizando”, la SESP ha incluido entre los receptores, además de a María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, a los consejeros y consejeras de sanidad de las autonomías sin competencias en esta atención sanitaria, al responsable de Sanidad Penitenciaria y a Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
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