El adelanto de las elecciones generales y la próxima disolución de las Cortes, prevista para el 5 de marzo, deja a las puertas de convertirse en una realidad la Proposición de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, la más conocida como ley nacional de cuidados paliativos o ley de muerte digna.
En este escenario, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) ha difundido un comunicado (aquí el comunicado completo) en el que apela al consenso para garantizar “un abordaje integral del proceso de final de vida que incluya la atención a personas de todas las edades como parte del sistema público de salud”.
La Sociedad exige una “ley de muerte digna bien hecha, que incluya una dotación presupuestaria suficiente e instrumentos que garanticen su cumplimiento”
El comunicado mira más al futuro que al pasado y lejos de juzgar y lamentarse de lo que hubiera podido ser si el trámite de la norma se hubiera reducido mínimamente –la discusión en la ponencia de la ley fue más largo de los esperado-, la Secpal envía mensajes para los que vienen. La Sociedad exige una “ley de muerte digna bien hecha, que incluya una dotación presupuestaria suficiente e instrumentos que garanticen su cumplimiento”.
Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal).
Además, “consideran fundamental que la norma contemple el desarrollo de un sistema específico de formación y acreditación profesional en Cuidados Paliativos para médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, ya sea mediante una especialidad o un Área de Capacitación Específica (ACE)”. Sólo de este modo, afirman, “los profesionales que trabajan en este ámbito podrán ver reconocida su labor y, además, garantizar que las plazas de cuidados paliativos sean ocupadas por los perfiles más idóneos para asegurar los máximos estándares de calidad en la asistencia a los pacientes más frágiles”.
Pues bien, la proposición de ley que muere con esta legislatura no incluye los últimos aspectos que los paliativistas consideran “fundamentales”. La Secpal pide una ley nacional de muerte digna mejor que la que se estaba tramitando. Esperan, y así lo recoge el comunicado, que “las diversas opciones políticas estén a la altura y consensúen el desarrollo de un modelo asistencial integral y de calidad, pues el final de vida nos atañe a todos y cada uno de nosotros por ser personas, y el acceso universal a unos cuidados paliativos adecuados es un derecho fundamental de los ciudadanos”, concluye Rafael Mota, presidente de la Secpal.
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