La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un pediatra, de origen libanés, y a su hermano, auxiliar de farmacia por la comisión de un delito continuado de falsedad y un delito de estafa. Al primero le ha impuesto una pena de prisión de dos años y al auxiliar de un año y seis meses, con el atenuante de reparación del daño y de dilaciones indebidas.
Los hechos que se juzgan sucedieron entre marzo de 2010 y abril de 2012, cuando el facultativo prestaba servicios como médico pediatra fijo en el Centro de Salud de la localidad madrileña de Mejorada de Campo y su hermano trabajaba como auxiliar en la farmacia de la que era titular el primero.
Las recetas fueron facturadas y cobradas a la Consejería de Sanidad atribuidas a pacientes que no han recibido esa medicación
Durante ese tiempo el facultativo expidió un total de 309 recetas oficiales del modelo P.3/1, denominadas de pensionistas. El delito por el que se les condena fue el de obtener medicamentos, en su mayoría correspondientes a tratamientos para situaciones clínicas propias de la edad adulta (antiparkinsonianos, antidiabéticos, psicótropos y para la osteoporosis postmenopáusica, entre otros), por valor de 9.811,14 euros.
Las recetas fraudulentas fueron facturadas y cobradas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y atribuidas a pacientes que no han recibido esa medicación por tratarse de menores de edad o terceras personas que no figuraban como usuarios del Centro de Salud donde ejerce de facultativo.
De esas 309 recetas, 198, por un valor de 7.843,53 euros, fueron facturadas a través de la farmacia en la que el condenado prestaba servicios profesionales como auxiliar, y de la que era titular su hermano.
Los hechos delictivos fueron descubiertos por actuación de la inspección de Sanidad alertada del elevado número de recetas expedidos de medicamentos de un coste tan elevado.
Aunque la sentencia no es firme, pues admite recurso al Tribunal Supremo, los acusados han consignado ya a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los 9.811 euros, que es la cantidad dictada por la Audiencia en la resolución.
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