La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (Adscv) celebró en mayo una jornada práctica acerca de los conflictos que pueden surgir en la asistencia médica y quirúrgica a los menores de edad. La jornada, inaugurada por Beatriz Hermida, vicedecana de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y por Carlos Fornes, presidente de la Asdcv, tuvo como ponente de honor a María Ibáñez Solaz, magistrada de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia. Ibáñez Solaz aprovechó su intervención para poner sobre la mesa los puntos fundamentales de los distintos conflictos de intereses que pueden surgir cuando se requiere la firma de un consentimiento informado para tratar a un menor de edad.
Así, la magistrada recordó que, en estos casos, los facultativos se encuentran con el conflicto existente entre dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la autonomía y libertad de decisión. La pauta de actuación más lógica es considerar, según ella, que, en las atenciones de escasa importancia o relevancia, basta el consentimiento del progenitor que ostente la guarda y custodia.
En decisiones más graves y trascendentales, el consentimiento lo deben prestar ambos progenitores, siempre que ostenten la patria potestad, y, si no hubiese acuerdo y la urgencia lo permitiese, debe acudirse a la autoridad judicial para que adopte la decisión correspondiente, recordó la magistrada de Valencia.
La magistrada expuso como caso práctico el de los testigos de Jehová, y concretamente su negativa a recibir transfusiones de sangre, basándose en una interpretación literal de varios pasajes de La Biblia. En el caso de que el afectado por esta negativa sea un menor, y al tratarse de un conflicto de intereses, Ibáñez Solaz explicó que es la autoridad judicial competente la que debe decidir, con intervención del Ministerio Fiscal, “que es el que debe emitir su dictamen con carácter preferente y urgente”. Además, si la urgencia del caso lo exige, debe tramitarse en el juzgado de guardia.
Punto de encuentro
La Adscv, formada por profesionales sanitarios, abogados, investigadores y académicos, fue concebida desde su creación, en abril de 2016, como un punto de encuentro de los profesionales de la Comunidad Valenciana vinculados al sector jurídico sanitario, a los que ofrece asistencia formativa. En este contexto, la Adscv organiza con regularidad jornadas prácticas dirigidas a profesionales sanitarios y a estudiantes de Medicina y de Derecho, en el marco del convenio que la Asociación tiene con la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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