El Ministerio de Sanidad se ha puesto manos a la obra en la revisión del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Así figura en el informe sobre el proceso abierto por la presunta macroestafa de las clínica i-Dental que se presentará mañana martes, 6 de noviembre, en la reunión Delegada, la previa a la celebración del Consejo Interterritorial.
En el citado informe, Sanidad afirma que la Secretaría General Técnica de Sanidad y Consumo “está valorando las alegaciones formalizadas por los interesados para proceder a la elaboración del proyecto de real decreto”.
Entre los interesados está el Consejo General de Odontólogos que como señaló su presidente, Óscar Castro, en una entrevista a Diario Médico, la necesidad de regular la publicidad en este ámbito es un reclamo histórico de este colectivo profesional, al que no se ha querido hacer caso.
Sanidad está valorando las alegaciones formalizadas por los interesados para proceder a la elaboración del proyecto de real decreto
A estas alturas hay pocas dudas sobre las enormes dimensiones que este proceso está tomando. Según los datos manejados por el Ministerio de Sanidad, con fecha de 27 de septiembre, había 15.123 reclamaciones contabilizadas en las sedes de las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Además, se han realizado 558 actuaciones inspectoras o requerimientos de información y un total de 613 expedientes sancionados.
Estos profesionales piden descartar de la publicidad de estos servicios sanitarios cualquier oferta, ni descuento, ni rostro famoso asociado, ni falsas subvenciones, ni regalos por tratamiento.
El caso de Madrid
En Madrid, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y la Consejería de Sanidad de esta comunidad llevan meses trabajando juntos con varios objetivos: revisar la publicidad de esta clínicas (dentro de las competencias autonómicas), potenciar la figura del responsable sanitario de estas clínicas e intensificar la actividad inspectora de la comunidad.
Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogo y Estomatólogos de Madrid, señala que cuando saltó el escándalo, al comienzo de este verano, fue el colegio el que se tuvo que encargar de tramitar las historias clínicas que fueron consignadas tras las órdenes de registro dictadas por el magistrado José de la Mata, desde su puesto en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.
“Hace una semana terminamos con la tramitación de unas 76.000 historia clínicas de madrileños atendidos por i-Dental”, señala Montero. El presidente de los odontólogos madrileño pone en valor esta colaboración con la consejería, que se ha articulado en tres reuniones, celebradas desde la firma del acuerdo en agosto, y a las que ha acudido Adolfo Ezquerra, director general de Inspección y Ordenación, de la Consejería de Sanidad. “La última hace un mes que se celebró y la próxima está prevista para dentro de un par de semanas, como tarde”.
“Se está avanzando en que algo hay que hacer. Ahora mismo, en Madrid hay otras cadenas que funcionan con el mismo sistema de i-Dental, el mismo sistema de préstamos vinculados a una atención sanitaria, por ejemplo”, apunta Montero.
“El cambio de regulación de la publicidad es clave, porque estos pacientes van engañados. En 2016, en el colegio recibimos 16 reclamaciones de paciente, y en lo que llevamos de 2018 ya vamos por 800. En estos casos, poco podemos hacer, porque se trata de un tema de consumo”.
Sin embargo, hay una figura muy importante en esta clínicas que es el responsable sanitario, que según Montero también se debería regular pues “no vale cualquiera, se necesita una experiencia, estar presente en la clínica de manera constantes, etcétera”.
“Ahora mismo, en Madrid hay otras cadenas que funcionan con el mismo sistema de i-Dental”
Muchos de estos responsables de la clínica han sido odontólogos con poca o ninguna experiencia que firmaron un contrato sin saber lo que firmaban y ahora se les están sancionando con inhabilitaciones.
Montero señala que desde su colegio se ha impuesto la sanción a 30 odontólogos. En algunos casos estas sanciones conllevan inhabilitaciones de años. Sin embargo, según señala, están paralizadas pendientes de la resolución del proceso penal, pero se ejecutarán en el momento en el que este concluya.
En definitiva, el macroproceso de i-Dental sigue su marcha tanto dentro como fuera de los juzgados.
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