Con el objetivo de impedir la expansión del coronavirus Covid-19, la Comunidad de Madrid baraja cerrar todos los centros de día para mayores (incluyendo los 21 centros dependientes de los diferentes Ayuntamientos) y restringir el acceso de familiares y visitantes en todas las residencias de ancianos de la comunidad, “haciendo especial hincapié en aquellos que presentan sintomatología”. Madrid contempla la adopción de estas medidas tras el fallecimiento de dos ancianos, de 99 y 76 años, vinculados respectivamente a una residencia del centro de la capital (La Paz) y a un centro de mayores de Valdemoro.
Las medidas de contención figuran en un documento con el sello oficial de la Comunidad de Madrid y firmado digitalmente por Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez, directora general de Salud Pública de la comunidad, que ha circulado en las últimas horas entre profesionales de estos centros y sindicatos sanitarios. Ante el revuelo levantado por la difusión de estas medidas, fuentes de la Administración madrileña se han referido al documento, en declaraciones a Telemadrid, como “borrador no oficial”, aunque lo cierto es que el encabezamiento del texto, al que ha tenido acceso DM, habla literalmente de “actuaciones y medidas a implementar según la situación epidemiológica en Madrid en el escenario 1”, que es exactamente en el que se encuentra España tras la detección de más de 260 casos (90 de ellos, incluyendo los dos fallecidos, en Madrid).
Madrid plantea suspender las prácticas universitarias de Medicina y de todos los grados de Ciencias de la Salud
El cierre de centros de día no es la única medida llamativa que recoge ese documento, que también habla de “comunicar a las universidades el cese de todas las actividades formativas hospitalarias y de atención primaria” de los alumnos de Medicina y de todos los grados de Ciencias de la Salud que se imparten en las facultades de la comunidad. La suspensión de las prácticas (tanto curriculares como no), una actividad fundamental en grados tan experimentales como los de Ciencias de la Salud, había sido, de momento, una medida aislada, decretada puntual y temporalmente por alguna facultad (la Jaume I, de Castellón, la Universidad de Valencia y la Universidad de Córdoba), pero no un planteamiento general que afectaría a todas las universidades que imparten titulaciones sanitarias.
El documento plantea “invertir el criterio” del ministerio para los llamados “casos en investigación” y dar prioridad a la realización de la prueba PCR, “para facilitar la detección precoz de la enfermedad”
Desde el punto de vista diagnóstico, el documento da prioridad a la realización de las llamadas pruebas PCR (reacción en cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), para facilitar la detección precoz de la enfermedad, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Concretamente, en el municipio de Torrejón (el mayor foco de coronavirus de la región), se habla de “seleccionar aquellos centros de primaria que se correspondan con la georreferenciación de los casos confirmados en la zona para realizar la PCR a pacientes con sintomatología respiratoria”.
Priorizar las PCR
En el caso de los centros hospitalarios, se propone literalmente “invertir el criterio” del protocolo ministerial para los llamados “casos en investigación” y hacer, “de forma prioritaria”, el PCR para coronavirus, “y si esta prueba es negativa, continuar con el proceso diagnóstico de Madrid”. El protocolo oficial del Ministerio de Sanidad clasifica los casos con arreglo a cuatro criterios y define los “casos en investigación” como aquellos que cumplen un criterio epidemiológico y otro clínico. El procedimiento del departamento de Salvador Illa indica que estos casos “se notificarán de forma urgente desde las unidades de salud pública de las comunidades al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio y al Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III”.
Además, se plantea “aumentar la capacidad de decisión del SUMMA” para solicitar una PCR “cuando se ponga en contacto con ellos un caso confirmado o un paciente que vuelve de viaje de una zona de riesgo”.
En materia de prevención y seguridad, Salud Pública plantea que sea el Instituto Regional de Seguridad y Salud el que monitorice todo el proceso, de forma que este organismo “valide las actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales y los nuevos equipos de protección individual (EPI) que estarían disponibles para su compra en el momento actual”. Además, los protocolos de los servicios de prevención con respecto a los EPI “deben adecuarse a la actuación sanitaria de cada profesional”.
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