En plena polémica por la situación del transporte sanitario urgente en atención primaria, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha remitido una nueva comunicación a la Inspección de Trabajo de Valencia, para que esta reclame a Sanidad la habilitación de conductores en los vehículos que transportan a los médicos en las urgencias de Atención Primaria (AP).
El Sindicato Médico insiste en que se comuniquen también “instrucciones explícitas en todos los departamentos de salud sobre el uso de los mismos y busque la solución más efectiva e inmediata, dado el grave daño que está causando dichas medidas en los trabajadores de la sanidad pública”.
Los profesionales tienen contemplado, dentro de un complemento que ya perciben, esos traslados a los domicilios de los pacientes”, segura Sanidad
Frente a esta demanda, Sanidad insiste que, con el fin de mejorar y facilitar las condiciones laborales de los profesionales médicos y de enfermería de dichos Puntos de Atención Continuada (PAC), se han “adquirido y puesto a disposición de nuestros profesionales 109 vehículos rotulados para su fácil identificación”.
Defiende que están a disposición “de forma voluntaria” para los profesionales que “quieran hacer uso de ellos”. Además, hecho clave en este problema, Sanidad argumenta que “estos vehículos no llevaban ningún acuerdo de conductores, puesto que los profesionales tienen contemplado, dentro de un complemento que ya perciben, esos traslados a los domicilios de los pacientes”.
Al respecto, Andrés Cánovas, secretario general de CESM-CV, señala que “Sanidad insiste en que el complemento de dispersión geográfica incluye el transporte, pero en ningún momento se contempla en su definición o filosofía que sirva para pagar los desplazamientos de los médicos”.
Para Cánovas, este complemento se fijó para compensar a los profesionales en función a las distancias que tenían que recorrer para atender a las urgencias, señalando que “en cualquier caso, actualmente puede estar entre 40 y 300 euros mensuales…y en ningún caso daría para pagar esos desplazamientos”.
Problema con largo recorrido
Lejos de solucionarse, la implantación unilateral de las nuevas medidas para la realización del transporte sanitario “ha ido avanzado siendo cada vez más generalizada y abusiva, dado que se obliga a los trabajadores a la conducción de vehículos vulnerando gravemente los derechos de los mismos sin dar alternativa alguna”.
Entre la nueva documentación aportada por CESM-CV, se encuentra la situación del PAC de Alfafar (Valencia), donde se muestra que en los nombramientos de todos los profesionales “no figura la obligación de conducir” ni tampoco aparece en sus nóminas “concepto retributivo alguno” que recompense el conducir un vehículo.
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