La acción policial no disuade a los agresores de los médicos. Eso es, al menos, lo que se desprende de los últimos datos de denuncias y agresiones que obran en poder de la policía y de su comparación con las cifras del año anterior. En 2019, hubo 294 denuncias provocadas por agresiones (físicas o verbales) a profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad, apenas 4 menos que en 2018, y el número de profesionales agredidos ha permanecido invariable en los dos años analizados (exactamente 322 víctimas).
Juan Carlos Castro, comisario general de Seguridad Ciudadana, y Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario, han hecho hoy balance de la actividad policial en materia de prevención y control de las agresiones a sanitarios, y aunque Galván ha empezado su intervención con un grandilocuente “la acción policial ha reducido las agresiones”, los datos evidencian que esa reducción es sólo relativa, cuando no testimonial: 4 denuncias menos en un año y exactamente el mismo número de víctimas (322), pese al control policial en hospitales y centros de salud.
Los 316 agresores contablizados pasaron a disposición judicial, como detenidos o como investigados sin detención
En el verano de 2017, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, aprobó la Instrucción 3/2017, de Protección Policial contra las Agresiones, y es en ese contexto donde se enmarcan las denuncias registradas en estos tres años de actividad. Según Galván, los 316 agresores contabilizados en el marco de las 294 denuncias presentadas en 2019 “han pasado a disposición judicial, bien sea como detenidos o como investigados sin detención”. De los 316 agresores, 120 fueron mujeres y 196 varones y “la inmensa mayoría de las agresiones -según Galván- han sido verbales, no físicas”, aunque el responsable policial no ha concretado porcentajes.
El 58% de las víctimas fueron mujeres, “lo que no permite hablar de un sesgo de género”, según el interlocutor policial
En cuanto al perfll tipo de las 322 víctimas registradas, Galván habla de “un profesional, mayoritariamente médico, de entre 35 y 55 años, que ejerce en consultas ambulatorias o servicios de urgencias hospitalarios o de primaria”. Además, el 58% de las víctimas contabilizadas por la policía en 2019 fueron mujeres, “lo que no permite hablar de un sesgo de género, máxime en una profesión crecientemente feminizada como la sanitaria”, según el interlocutor policial.
Por comunidades autónomas, Andalucía sigue siendo, por segundo año consecutivo, la comunidad con más volumen de denuncias, aunque se ha registrado una cierta reducción en la provincia de Cádiz con respecto a 2018 y un paralelo incremento en las de Málaga y Sevilla. Las denuncias ha disminuido, además, en las comunidades de Extremadura, Cantabria, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana.
Denuncia ‘versus’ agresión
Flanqueados por los presidentes de los consejos colegiales de Médicos y Enfermeros, Serafín Romero y Florentino Pérez Raya, respectivamente, y el vicepresidente del Consejo de Dentistas, Francisco García Lorente, los responsables policiales han matizado, además, que “denuncia” y “agresión” son dos cosas distintas, y que las segundas son bastante más altas que las primeras, porque no todos los profesionales denuncian y porque “algunas agresiones -ha matizado Galván- no pueden tramitarse como denuncias, como, por ejemplo, las 75 agresiones registadas en 2019 por parte de enfermos mentales, que se enmarcan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales”.
De la disparidad entre ambas cifras da buena fe que las 298 denuncias registradas por la policía en 2018 están bastante lejos de las 490 comunicaciones de agresiones elevadas a los colegios de médicos en el mismo periodo, un dato que ha recordado el presidente del Consejo Colegial de Médicos.
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