El Pleno del Gobierno valenciano ha aprobado el proyecto de Ley de la Función Pública Valenciana, tras los pertinentes informes del Comité Económico y Social y del Consejo Jurídico Consultivo y un intenso debate interno entre las consejerías de Justicia, Interior y Administración Pública y Educación, en manos del PSOE y Compromís, respectivamente. El proyecto, elaborado por el departamento de Justicia y que debe iniciar ahora su trámite parlamentario, recoge, como requisito general de participación en los procesos selectivos, la acreditación del conocimiento del valenciano en el grado que se determine reglamentariamente, “respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes”.
Sin embargo, respecto al anteproyecto aprobado, ha desaparecido el artículo que señalaba que si tras un año desde la aprobación final en las Cortes Valencianas no existía el reglamento, se aplicarían automáticamente unos niveles de conocimiento del valenciano en base al nivel de la oposición. De hecho, como ya informó DM, el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) fue claro al respecto, al determinar que la aplicación automática es una “incoherencia y una contradicción jurídica”. Además, también ha sido objeto de duras críticas por la inclusión del personal sanitario -aunque estuviera prevista una exención temporal-, como denunciaron en su día organizaciones como el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV).
La exigencia de la lengua se regirá por el principio de “proporcionalidad y adecuación a las funciones”
El desarrollo queda, pues, a expensas de ese reglamento, una decisión que tampoco ha quedado exenta de críticas. Según el Gobierno valenciano, este reglamento respetará, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes, previstos en la propia ley, “previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la consejería competente en materia de política lingüística -la de Educación-“.
La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha defendido de las críticas respecto a que este enfoque “retrasaba” el problema y la solución del tema, señalando que, como en el resto de comunidades bilingües, “la implementación de la capacitación se ha hecho a través de un reglamento” y, por tanto, “no se ha renunciado a nada”. En este sentido, ha enfatizado que “si queremos implementar esta exigencia de manera adecuada y con proporcionalidad, primero habrá que hacer una foto fija de la Administración”, y después se determinará el nivel a exigir, “que vendrá marcado por el nivel de relación que cada departamento tenga con la ciudadanía”.
“Antes del ecuador de la legislatura”
En este sentido, Bravo ha destacado que existe una “voluntad política decidida”, y que se constituirá una comisión de expertos que “van a elaborar esos criterios y la foto fija”, añadiendo que la intención es que trabajen “de forma paralela a la tramitación parlamentaria”. La consejera se ha mostrado convencida de que “antes de llegar al ecuador de la legislatura tendremos ya el reglamento que regulará la capacitación lingüística”.
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